Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre 2025.- Cristian Adolfo "N", Karla Arizbeth "N, José Antonio "N" y Servando "N", quiere son señalados de ser los presuntos responsables de la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de un propietario de una vulcanizadora en esta ciudad de Morelia, fueron vinculados a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.
Sobre el particular se informó que conoció base en los actos de investigación se estableció que el pasado 25 de noviembre, un hombre acudió al domicilio de la víctima, localizada sobre la carretera Morelia–Salamanca, en Morelia, donde además se ubica su negocio.
Bajo el argumento de solicitar un servicio, el imputado logró que el agraviado abriera la puerta, momento en el que fue amagado con un arma de fuego, obligado a subir a una camioneta y privado de su libertad, siendo trasladado a un inmueble de la ciudad, donde fue mantenido en cautiverio.
Ese mismo día, un familiar de la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que le exigieron una suma de dinero a cambio de la liberación del agraviado, monto que debía ser entregado más tarde. Durante la comunicación, los activos realizaron amenazas contra la familia, refiriendo que ya los tenían identificados, por lo que los hechos fueron denunciados de inmediato ante la Fiscalía Especializada.
Como resultado de las investigaciones se implementó un operativo que permitió ubicar el inmueble donde la víctima se encontraba cautiva. Al notar la presencia policial, uno de los presuntos responsables accionó un arma de fuego, lo que derivó en una intervención operativa, logrando el rescate ileso de la víctima, así como la detención de quienes se identificaron como: Cristian Adolfo "N", Karla Arizbeth "N, José Antonio "N" y Servando "N".
En audiencia, el Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vinculación a proceso en contra de Cristian Adolfo "N", Karla Arizbeth "N, José Antonio "N" y Servando "N" al existir elementos concluyentes de su posible participación en el hecho, les impuso prisión preventiva y estableció cinco meses de plazo para la investigación complementaria.








