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MensajearZamora, Mich., a 15 de abril de 2026.— Un vehículo registrado como propiedad del Ayuntamiento de Tangamandapio fue asegurado en la ciudad de Zamora tras confirmarse que contaba con reporte de robo, en un caso que ya apunta a posibles irregularidades en el manejo del patrimonio público municipal.
La unidad, cuya posesión legal correspondía al gobierno local, quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEEC) luego de que se detectaran inconsistencias en su proceso de desincorporación, es decir, en la forma en que habría sido retirada del inventario oficial. Este procedimiento, que por ley debe cumplir con criterios administrativos y de transparencia, ahora se encuentra bajo la lupa ministerial.
El aseguramiento se deriva de una denuncia interpuesta por la actual administración de Tangamandapio, lo que sugiere posibles anomalías heredadas de gestiones anteriores. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el vehículo pudo haber sido dado de baja de manera irregular antes de terminar circulando fuera del control institucional, hasta ser ubicado con reporte de robo en Zamora.
Fuentes cercanas al caso señalan que este tipo de irregularidades no solo implican posibles faltas administrativas, sino también la comisión de delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos y, eventualmente, encubrimiento.
La Fiscalía Anticorrupción no ha detallado aún cuántos funcionarios podrían estar involucrados ni el monto del posible daño patrimonial, pero dejó claro que el aseguramiento del vehículo representa una pieza clave para reconstruir la ruta administrativa y legal que siguió la unidad hasta salir del control del Ayuntamiento.
Mientras avanzan las indagatorias, el caso vuelve a poner en el centro del debate la opacidad con la que en muchos municipios se manejan los bienes públicos, así como la fragilidad de los mecanismos de control interno que deberían evitar este tipo de situaciones.
La FEEC aseguró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades conforme a derecho, en un proceso que podría escalar conforme se desentrañen más elementos sobre el destino del patrimonio municipal.
