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MensajearAquila, Mich., a 28 de mayo de 2026.- La comunidad indígena de Pómaro entró en una abierta confrontación contra el alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén, “Chema Valencia”, luego del asesinato de dos autoridades comunales y un profesor en una emboscada armada que desató bloqueos, incendios de vehículos y caos sobre la carretera federal 200 Costera.
Durante la noche del jueves, comuneros atravesaron unidades y les prendieron fuego en distintos puntos de la vialidad entre Colola y Maruata, mientras exigían la intervención inmediata del Gobierno Federal y acusaban directamente al presidente municipal de estar detrás de las amenazas y la violencia contra quienes impulsan el autogobierno indígena y el control directo de recursos públicos.
Las protestas ocurrieron horas después del ataque armado registrado sobre la carretera costera, donde fueron asesinados Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal de Pómaro, y Jerónimo García Flores, asesor jurídico de la comunidad, ambos identificados como operadores clave en el proceso para que la comunidad administre de manera autónoma su presupuesto directo.
En la agresión también murió un profesor de la Meseta Purépecha, mientras una maestra resultó gravemente herida y de manera extraoficial se reporta su muerte.
La Comunidad Originaria de Pómaro aseguró públicamente que el atentado iba dirigido contra integrantes del comisariado de bienes comunales y denunció que desde hace meses existían amenazas relacionadas con el proceso de autogobierno indígena.
“Denunciamos que desde hace meses, cuando iniciamos el proceso legal para transitar al autogobierno y ejercer nuestro derecho al presupuesto directo, comenzaron las amenazas”, señaló la comunidad en un pronunciamiento difundido en redes sociales.
En el mismo documento, los comuneros responsabilizaron directamente a José María Valencia Guillén por la muerte de sus compañeros.
“Señalamos como presunto responsable intelectual de estas amenazas al presidente municipal José María Valencia Guillén, a quien no le conviene que los recursos que por ley corresponden a Pómaro sean administrados directamente por la comunidad”, acusaron.
Sin titubeos, también lo responsablizaron "por la muerte cobarde" de sus compañeros.
La crisis exhibe la disputa que existe en diversas regiones indígenas de Michoacán por el control de los presupuestos directos, recursos multimillonarios que históricamente han permanecido bajo control de ayuntamientos y actores políticos, pero que ahora comunidades originarias buscan administrar de forma autónoma mediante figuras de autogobierno reconocidas legalmente.
En zonas bajo influencia criminal, esos recursos también representan una fuente estratégica de financiamiento y control territorial para grupos delictivos, situación que ha generado confrontaciones políticas, amenazas y hechos violentos.
Habitantes de la costa nahua también vincularon la violencia reciente con personajes señalados regionalmente por nexos criminales, entre ellos Germán Ramírez Sánchez, alias “El Toro”, histórico líder de un grupo armado que se denomina de autodefensa.
Mientras ardían vehículos sobre la carretera federal 200, el Consejo Indígena de Pómaro lanzó mensajes cada vez más duros contra autoridades estatales y federales.
“A falta de respuesta”, escribieron junto a imágenes de las unidades incendiadas.
Después emitieron un posicionamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía General de la República, a Omar García Harfuch, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y hasta a organismos internacionales y Naciones Unidas, donde denunciaron violencia sistemática contra pueblos originarios.
“Ni un muerto más por defender los derechos de los pueblos originarios”, señalaron.
Los comuneros advirtieron además que las acciones de presión continuarían si no existía una respuesta inmediata del Estado.
“Primera llamada, si no hay respuesta inmediatamente, seguiremos con nuestras acciones”, amenazaron en otro mensaje difundido mientras continuaban las quemas y bloqueos carreteros.
La situación provocó el colapso parcial de la circulación sobre la carretera Costera y elevó la tensión en la región indígena de Aquila, donde en los últimos años se han multiplicado las denuncias sobre presencia del crimen organizado, disputas territoriales y conflictos por el control político y económico de las comunidades.
Hasta el momento, ni el alcalde José María Valencia Guillén ni el Gobierno de Michoacán han respondido públicamente a las acusaciones realizadas por la comunidad indígena de Pómaro.
