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MensajearCiudad de México, a 4 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que alrededor de 50 funcionarios del estado de Chihuahua han sido citados a declarar como parte de las indagatorias relacionadas con un narcolaboratorio desmantelado en abril. En este caso, también se analiza la presunta intervención de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuyo estatus legal en el país está bajo revisión.
A través de un videomensaje, el fiscal especial y vocero de la FGR, Ulises Lara López, advirtió que, si se confirma la comisión de delitos vinculados con la presencia de agentes extranjeros, se procederá conforme a la ley contra quienes resulten responsables.
El funcionario detalló que se han solicitado informes a distintas autoridades para verificar si los agentes involucrados contaban con acreditaciones oficiales, así como las condiciones legales bajo las cuales se habría llevado a cabo el operativo. También se busca esclarecer si el gobierno estatal tenía conocimiento previo de estas acciones.
Las investigaciones federales se desarrollan en paralelo a los esfuerzos locales impulsados por la gobernadora María Eugenia Campos, quien ordenó la creación de una comisión estatal para revisar lo ocurrido.
El operativo en cuestión se realizó los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, con el objetivo de desmantelar un laboratorio clandestino de drogas. Posteriormente, un accidente carretero dejó como saldo la muerte de dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses, lo que reveló la posible presencia de agentes de la CIA en la zona.
El caso tomó mayor relevancia tras hacerse público el 19 de abril por el entonces fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien días después, el 27 de abril, presentó su renuncia al cargo.
Finalmente, la FGR confirmó que desde el 29 de abril abrió dos carpetas de investigación: una por el narcolaboratorio asegurado y otra por la presunta colaboración de agentes extranjeros en operativos antidrogas, lo que podría constituir violaciones en materia de seguridad nacional.
