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MensajearQuerétaro, Querétaro, 19 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro mantiene abiertas carpetas de investigación por el incumplimiento en la formalización de operaciones patrimoniales, en varios casos derivadas de querellas presentadas por los propios notarios públicos tras detectar documentación falsa o apócrifa, confirmó el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández.
Explicó que este tipo de conductas se indagan con regularidad cuando se detectan irregularidades o falsificaciones presentadas ante las notarías de la entidad con la intención de concretar trámites ilícitos.
Respecto a la propuesta ciudadana y las reflexiones del Colegio de Abogados sobre la apertura de una fiscalía especializada en delitos contra la violencia animal, de Jesús Hernández aclaró que dentro del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2026 no se contempló la infraestructura ni la operación de una unidad de esta naturaleza.
Señaló que, para concretar un proyecto de esa magnitud, corresponde al Congreso del Estado evaluar la viabilidad legislativa y aprobar la asignación de recursos necesarios.
“Actualmente, la Fiscalía atiende este tipo de denuncias en coordinación permanente con las áreas especializadas de los municipios”.
Consideró que con los recursos vigentes se da cobertura a las exigencias operativas para investigar estos delitos.
“La institución se mantiene abierta a recibir mayor suficiencia presupuestal por parte de los legisladores para fortalecer la infraestructura, dotar de mobiliario y capacitar al personal”.
Finalmente, el fiscal reiteró que cada carpeta iniciada por maltrato animal se trabaja con contundencia y exhaustividad para determinar si existe la comisión de un delito conforme a la ley.
En otro tema, de Jesús Hernández, advirtió que el principal reto en la persecución de delitos relacionados con el ejercicio irregular de la medicina recae en el fortalecimiento de la supervisión por parte de las autoridades sanitarias, a fin de evitar que personas sin la preparación adecuada pongan en riesgo a la ciudadanía.
Esto, luego de un caso judicial activo en la entidad, en el cual se determinó la responsabilidad penal de una persona que realizaba intervenciones quirúrgicas sin la acreditación legal requerida.
Al respecto, el fiscal detalló los puntos clave sobre la actuación de la institución y el panorama legal actual, es decir, el proceso penal en curso se sustenta en la legislación aplicable al momento en que ocurrieron los hechos. En dicho periodo, la normativa no contemplaba autorización para que personal de enfermería realizara procedimientos quirúrgicos o amputaciones.
“La Fiscalía mantendrá su actuación conforme al principio constitucional de juzgar con base en las leyes vigentes al momento de la comisión del delito, a la espera de eventuales ajustes normativos”.
De Jesús Hernández enfatizó que el reto mayor corresponde a los organismos sanitarios, los cuales deberán optimizar sus esquemas de vigilancia y verificación para garantizar que solo profesionales capacitados emitan recetas o realicen procedimientos médicos.
“El caso se encuentra en la etapa final para determinar la culpabilidad o inocencia de la parte acusada, mientras el debate sobre las facultades del personal de salud y la emisión de recetas continúa en el ámbito legislativo”.
