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MensajearGuanajuato, Guanajuato, a 7 de agosto 2026.- Una ex trabajadora del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), identificada como Miroslava "N", fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, luego de una investigación de la Fiscalía General del Estado derivada de una denuncia presentada por la propia institución.
Las indagatorias iniciaron después de que un derechohabiente detectó un retiro no autorizado de su cuenta de ahorro voluntario y solicitó la revisión de la operación. A partir de ello, la representación legal del ISSEG presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De acuerdo con la investigación, la ex empleada, quien se desempeñaba como trabajadora de mostrador, presuntamente hizo uso indebido de los sistemas informáticos y del lector biométrico de huellas digitales del Instituto para realizar retiros de recursos sin el consentimiento de los titulares de las cuentas.
Como parte de las diligencias ministeriales, se analizaron videograbaciones y diversas operaciones efectuadas por la imputada, lo que permitió identificar varios movimientos con características similares. La Fiscalía estableció que el monto de las disposiciones irregulares supera los 90 mil pesos.
Con base en los datos de prueba presentados, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Miroslava "N" por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación en hechos que afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública del ISSEG.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, petición que fue autorizada por el juzgador por un periodo de seis meses. Como parte de las condiciones impuestas, la imputada deberá presentarse a firmar de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
En cuanto al daño patrimonial, la Fiscalía también investigó los hechos bajo el delito de robo calificado cometido por empleado, al acreditarse que los recursos sustraídos eran administrados por el ISSEG, institución que restituyó el dinero a las cuentas de los derechohabientes afectados.
Al tratarse de un delito patrimonial susceptible de mecanismos alternativos de solución de controversias, el órgano jurisdiccional ordenó canalizar el caso al área de mediación del Ministerio Público, donde las partes concretaron un acuerdo reparatorio para resarcir el perjuicio económico ocasionado.
