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MensajearCoeneo, Mich., a 23 de junio de 2026.— La detención de la exdirectora de Seguridad Pública de Coeneo, Celia Vargas Torres, señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha reabierto el escrutinio sobre el manejo de recursos públicos durante los dos gobiernos municipales en los que ha estado al frente de la seguridad, pues tan solo en un año, 2024, de acuerdo con informes presupuestales municipales, la corporación de seguridad pública a su cargo ejerció más de 11 millones de pesos en programas de prevención y combate al delito.
La funcionaria fue detenida junto con otros elementos policiales en días pasados, en el marco de investigaciones que la relacionan de manera preliminar con presuntos delitos como cohecho, narcomenudeo y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con líneas de investigación difundidas en distintos reportes periodísticos.
Asimismo, se ha destacado su presunta participación en los ataques contra diversas corporaciones de seguridad, que tuvieron lugar en el marco del asesinato de Nemesio Oseguera “El Mencho”.
Sin embargo, el caso ha tomado una nueva dimensión tras la revisión de documentos oficiales del propio ayuntamiento, donde se detalla el ejercicio del gasto en seguridad pública durante 2024.
Más de 11 millones de pesos en prevención del delito, en manos de una detenida
En la sección correspondiente a la Dirección de Seguridad Pública de Coeneo, un informe de la Auditoría Superior de Michoacán detalla los montos asignados a diversos programas bajo el rubro “Prevención y Combate al Delito”, financiados con distintas fuentes presupuestales.
El programa más relevante por su volumen es el identificado como 521, donde se reporta el monto de $10,474,146 autorizados y $10,501,289 devengados
Es decir, un ejercicio superior a los 10.5 millones de pesos.
Además, se registran otros programas con variaciones entre lo autorizado y lo ejercido:
- Programa 115: de $378,669 autorizados se ejercieron $478,387
- Programa 101: de $359,353 autorizados se ejercieron $79,590
- Programa 603 FORTAPAZ: de $0 pesos autorizados se ejercieron $5,000
Aunque este tipo de variaciones puede explicarse por adecuaciones presupuestales, ampliaciones o transferencias internas, el propio documento deja constancia de diferencias que normalmente son materia de revisión por órganos de fiscalización.
La clave: quién operó y autorizó el gasto
El elemento central del caso no radica únicamente en el monto ejercido, sino en la cadena de responsabilidad administrativa dentro de la Dirección de Seguridad Pública.
De confirmarse la permanencia de Celia Vargas Torres durante el ejercicio 2024, la funcionaria habría estado directamente vinculada a la operación y posible autorización de los recursos destinados a seguridad pública en ese periodo.
Esto abre una línea de análisis institucional: los recursos destinados a prevención del delito habrían sido administrados por quien hoy se encuentra bajo investigación penal.
El antecedente: representación oficial de la alcaldesa y entrega de armamento
Un elemento adicional surge de una publicación del 27 de septiembre de 2024 difundida en redes sociales oficiales del ayuntamiento, donde se señala que la entonces directora de Seguridad Pública:
“Por instrucción de la alcaldesa Valeria Aguilar Juárez, acudió a la ceremonia de clausura del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán…”
En el mismo evento, la funcionaria también participó en la entrega de material para seguridad pública, realizada por el Sistema Estatal de Seguridad Pública, actuando como representante institucional del municipio.
Este dato cobra relevancia debido a que muestra que la funcionaria no solo ocupaba un cargo operativo, sino que también representaba formalmente a la administración municipal en actos de coordinación y fortalecimiento policial.
Continuidad administrativa bajo dos gobiernos
Otro punto relevante es que la permanencia de la funcionaria en el cargo atravesó distintas administraciones municipales, incluyendo la de Marcela Velázquez Vázquez, hoy legisladora federal por Morena, y posteriormente la de Valeria Aguilar Juárez.
Esto implica que la Dirección de Seguridad Pública habría mantenido una continuidad operativa, sin cambios estructurales profundos en su titularidad durante varios ejercicios fiscales, lo que refuerza la necesidad de revisar la trazabilidad del gasto público en ese periodo.
Una contradicción institucional bajo investigación
El caso plantea una tensión institucional evidente: Una corporación encargada de prevenir el delito y con varios millones de pesos ejercidos en programas de seguridad, estaba a cargo de una funcionaria hoy detenida por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Mientras tanto, la alcaldesa Valeria Aguilar quien en un inicio optó por no informar de la captura de sus policías, e incluso se encomendó a los santos tras este hecho, no ha reconocido de manera directa este grave hecho, menos aún su antecesora la hoy legisladora federal Marcela Velázquez.
