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MensajearApatzingán, Mich., a 23 de mayo de 2026.- La violencia ligada al crimen organizado volvió a golpear a la región de Tierra Caliente con un hecho que ha generado consternación e indignación. Al menos dos jornaleros murieron tras la explosión de una mina terrestre presuntamente colocada por grupos criminales en la comunidad de El Cueramato, en el municipio de Apatzingán.
Las víctimas transitaban por la zona cuando ocurrió la detonación del artefacto explosivo improvisado, provocando una tragedia que puso nuevamente en evidencia el riesgo que enfrentan habitantes y trabajadores del campo en áreas donde este tipo de dispositivos han sido detectados de manera recurrente.
A través de un comunicado oficial emitido este sábado, el Gobierno Municipal de Apatzingán confirmó el fallecimiento de las víctimas y manifestó su pesar por el acontecimiento, además de expresar solidaridad con las familias afectadas y con la comunidad, que hoy enfrenta las consecuencias de un episodio marcado por la violencia.
El Ayuntamiento también reconoció las labores que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en campañas enfocadas en la localización y desactivación de artefactos explosivos improvisados, subrayando la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones para reducir los riesgos que representan estos dispositivos para la población civil.
Sin embargo, mientras el gobierno municipal fijó postura institucional sobre los hechos, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha evitado proporcionar información relacionada con las investigaciones posteriores al incidente, situación que mantiene incertidumbre sobre el avance de las indagatorias.
La tragedia también volvió a colocar bajo la lupa a la administración encabezada por la alcaldesa Fanny Arreola, quien ha enfrentado cuestionamientos en distintos momentos por el manejo político de la crisis de seguridad que vive el municipio. En meses recientes, Apatzingán ha sido escenario de homicidios, ataques armados, enfrentamientos y denuncias relacionadas con la presencia de grupos criminales, mientras la percepción ciudadana apunta a una violencia persistente que continúa alcanzando a la población civil.
A ello se sumó otro elemento que comenzó a generar comentarios: pese a la gravedad del hecho y al comunicado difundido por el Ayuntamiento, en la página personal de la presidenta municipal no había un mensaje dirigido a las familias de las víctimas ni un posicionamiento propio sobre uno de los episodios más delicados registrados recientemente en el municipio. La ausencia pública de un pronunciamiento personal abrió cuestionamientos entre ciudadanos y usuarios de redes sociales sobre el papel que debe asumir una autoridad en momentos de crisis.
Para diversos sectores, el debate ya no gira únicamente sobre las acciones de seguridad —que en gran medida recaen en corporaciones estatales y federales— sino también sobre la capacidad de liderazgo y cercanía política frente a una población golpeada por la violencia.
El caso vuelve a colocar bajo los reflectores el uso de las llamadas “narco minas”, artefactos que grupos delictivos han incorporado a sus estrategias en distintas regiones de Michoacán y que han dejado víctimas tanto entre fuerzas de seguridad como entre ciudadanos ajenos a los conflictos criminales.
Hasta la publicación de esta nota, la identidad de los jornaleros fallecidos permanecía sin ser revelada.
