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MensajearAlmoloya de Juárez, Estado de México, a 26 de agosto de 2026.- Los recursos legales promovidos por el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, para denunciar presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica durante su permanencia en el penal del Altiplano quedaron sin efecto, luego de que una jueza federal determinara desechar las demandas.
Los amparos fueron presentados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, y estaban dirigidos contra el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, ubicado en Almoloya de Juárez.
En julio pasado, Ruffo Appel había obtenido una suspensión de plano y de oficio como parte de uno de los juicios, medida que buscaba protegerlo ante los presuntos actos denunciados tras su detención.
Sin embargo, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez le requirió que, en un plazo de tres días, precisara los antecedentes relacionados con los hechos reclamados. El ex mandatario respondió que se reservaba su derecho a declarar debido a que, según manifestó, no había tenido contacto con sus abogados.
Al considerar que el plazo concedido transcurrió sin que cumpliera con el requerimiento, la juzgadora determinó desechar la demanda y tenerla como no presentada. Con ello también quedó cancelada la suspensión que había sido concedida inicialmente.
La resolución ordenó comunicar la determinación al director del Cefereso número 1, Altiplano, para los efectos legales correspondientes.
Estos procedimientos forman parte de al menos cuatro amparos impulsados por la defensa de Ruffo Appel. Entre ellos se encuentra uno relacionado con la negativa de un juez de control a modificar la medida cautelar de prisión preventiva para que pudiera cumplirla bajo arresto domiciliario.
Un tercer juicio fue promovido ante otro juzgado federal del Estado de México y cuestiona la falta de análisis y resolución sobre la posibilidad de aplicar el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposición que contempla que determinadas personas puedan cumplir la prisión preventiva fuera de un centro penitenciario.
La defensa ha argumentado que el ex gobernador tiene 74 años y requiere atención médica constante debido a diversos padecimientos.
La situación jurídica de Ruffo Appel está vinculada con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala, junto con otras personas, como presunto integrante de un esquema utilizado para introducir ilegalmente combustibles al país.
De acuerdo con la acusación, el grupo habría utilizado 11 empresas para simular operaciones relacionadas con la importación de 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel, transportados en 163 carrotanques.
La investigación sostiene que los hidrocarburos habrían ingresado bajo condiciones irregulares, con presunta evasión de contribuciones y el incumplimiento de disposiciones aduaneras, para posteriormente ser comercializados en territorio nacional fuera de los canales autorizados.
Como parte de las indagatorias, las autoridades localizaron 129 carrotanques con hidrocarburos presuntamente carentes de documentación legal. De ellos, 33 fueron ubicados en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila, con más de 15 millones de litros de combustible en su interior.
