Tepalcatepec, Mich., a 29 de septiembre de 2025.- Documentos de inteligencia militar y comunicaciones internas filtradas revelan que el municipio de Tepalcatepec, en la Tierra Caliente de Michoacán, se ha convertido en una verdadera fábrica de producción masiva de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), coordinado por el clan Farías Álvarez. Los registros muestran pedidos por centenares de artefactos, talleres que trabajan a ritmo industrial y un precio de venta que hace accesible esa capacidad letal: 500 pesos por unidad para los explosivos de 360 gramos diseñados para ser lanzados desde drones ligeros.
Según los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados tras un ataque del grupo de hackers “Guacamaya”, Salvador Farías Álvarez, conocido como “Chava Farías”, coordinó la fabricación y distribución de estas cargas: mencionaba tener 150 unidades listas y recibió solicitudes de pedidos por 100 artefactos con entregas en plazos de días.
En comunicaciones interceptadas se detallan especificaciones técnicas —cada “piñazo” de 360 g— y modificaciones caseras diseñadas para aumentar la dispersión de esquirlas y la letalidad. Incluso se documentan planes para adaptar dispositivos a drones de mayor capacidad (M-300), con cargas previstas de hasta 2 kg o más.
Producción en serie a precio de mercado
El precio informado —500 pesos por unidad— convierte a los AEI en un insumo barato para la guerra asimétrica: con menos de 100,000 pesos un grupo podría armar decenas de artefactos. La combinación de bajo costo y fabricación en volumen facilita ataques repetidos y la saturación de zonas enteras con minas y dispositivos lanzados desde drones.
Los registros muestran una cadena: pedidos, fabricación y logística. Operarios en talleres clandestinos, proveedores de componentes, operadores de drones y redes de distribución que aseguran la entrega en pocos días. Es un proceso que se acerca a la producción industrial, pero fuera de la ley y con consecuencias mortales para civiles y fuerzas de seguridad.
Datos que confirman la escala del problema
Documentos militares revelan conversaciones fechadas en diciembre de 2021 donde se negocian lotes y precios (el 20 de diciembre de 2021 aparece como fecha de encargo de 20 unidades).
Inteligencia castrense identificó desde al menos 2021 la fabricación y el uso creciente de AEI en la Tierra Caliente; Entre enero y mayo de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional registró 2,979 aseguramientos de explosivos improvisados, cifra que ya supera lo decomisado en 2024. Según reportes, las tropas incautan en promedio alrededor de 20 artefactos al día en las zonas más afectadas.
Gobierno de AMLO sabía
Las mismas fuentes de inteligencia que documentaron la producción y distribución de AEI operaban durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los documentos muestran que el problema fue identificado con antelación, pero no hubo una intervención temprana contundente para desmantelar talleres, cortar la cadena de suministro o neutralizar a los líderes responsables. El crecimiento de la producción ocurrió en un contexto de acción limitada —o diferida— por parte de las autoridades civiles encargadas de la estrategia de seguridad.
La exhibición pública en el desfile del 16 de septiembre de 2025 del equipo de desminado Bozena (Mining Unit 2) por parte de la Secretaría de la Defensa —un vehículo autopropulsado para desminado a distancia— fue interpretada por especialistas como un reconocimiento tardío de la magnitud del problema: tecnología especializada en respuesta a una amenaza que ya había echado raíces.
El uso masivo de AEI ha cambiado la vida cotidiana en Tepalcatepec, Aguililla y municipios aledaños. Habitantes han sido desplazados tras órdenes de “sacar a todos los pobladores” en zonas donde se planeó sembrar minas; caminos y cerros han sido convertidos en áreas minadas y territorios de riesgo. Las comunidades enfrentan ahora no sólo el terror de los tiroteos, sino la posibilidad de pasos minados y ataques aéreos con drones cargados de explosivos.
Redes transnacionales y profesionalización
Los reportes también detallan el reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia y la presencia de combatientes extranjeros con formación paramilitar —una profesionalización que eleva la peligrosidad de las operaciones. Además, la coordinación con redes de tráfico de drogas y la disputa por rutas y recursos (agricultura, minería) hacen de Tepalcatepec un enclave estratégico en disputa.
De esta manera, en unos pocos años lo que comenzó como la fabricación artesanal de explosivos escaló hasta convertirse en una fábrica clandestina que abastece a grupos armados en la región, con una estructura de costos y producción que hace los AEI asequibles y abundantes. Los documentos de inteligencia prueban que el fenómeno fue detectado —incluso desde el sexenio pasado—, pero la respuesta del Estado no logró neutralizar la capacidad productiva ni desarticular a los responsables. El resultado es una región minada y una amenaza que se replica en otras entidades del país.