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MensajearAquila, Mich., a 29 de mayo de 2026.- La indignación crece en Michoacán tras confirmarse la identidad del profesor asesinado y de la maestra gravemente herida durante la emboscada armada contra autoridades comunales de Pómaro, ataque que detonó bloqueos, incendios de vehículos y acusaciones directas contra el alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén, “Chema Valencia”.
Organizaciones y comunidades indígenas confirmaron que el docente fallecido es Felipe de Jesús Martínez Martínez, originario de la comunidad indígena de San Antonio Tierras Blancas, municipio de Los Reyes, mientras que la profesora lesionada fue identificada como Adelaida Zacarías Pascual, originaria de Ocumicho, municipio de Charapan.
La información desmintió versiones iniciales que señalaban la muerte de la maestra, quien permanece herida de gravedad tras el ataque perpetrado sobre la carretera federal 200, a la altura de Colola.
El atentado ocurrió el jueves cuando integrantes del comisariado comunal de Pómaro viajaban por la carretera costera y fueron interceptados por sujetos armados. En el lugar fueron asesinados Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, y Jerónimo García Flores, asesor jurídico de la comunidad indígena, ambos considerados figuras clave en el proceso de autogobierno y defensa del presupuesto directo para Pómaro.
De acuerdo con testimonios difundidos por comuneros, los maestros viajaban con las autoridades indígenas luego de haber recibido un “ride”.
La ejecución provocó una reacción inmediata de la comunidad, que acusó directamente al alcalde de Aquila de presuntas amenazas contra quienes impulsaban el manejo autónomo de recursos públicos indígenas.
“Responsabilizamos públicamente al C. José María Valencia Guillén por la muerte cobarde de nuestros compañeros”, denunció la Comunidad Originaria de Pómaro en un posicionamiento difundido tras la masacre.
Los comuneros sostienen que el conflicto se intensificó desde que iniciaron el proceso legal para acceder al autogobierno y al presupuesto directo, mecanismo mediante el cual las comunidades indígenas administran sin intermediación municipal los recursos que les corresponden.
En regiones golpeadas por la violencia criminal, esos presupuestos representan además una fuerte disputa política y económica, debido a que el control de recursos públicos se ha convertido en un objetivo estratégico para grupos armados y estructuras de poder local.
La tensión explotó horas después del ataque, cuando habitantes bloquearon la carretera federal 200 y comenzaron a incendiar vehículos en protesta por la falta de respuesta oficial y la ausencia de detenidos.
Mientras ardían unidades sobre la vía costera, el Consejo Indígena de Pómaro lanzó mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a la Fiscalía General de la República y a organismos internacionales, denunciando violencia sistemática contra pueblos originarios.
“Nuestro estado de Michoacán vive inseguridad y muerte extractivista”, expresaron organizaciones indígenas al solidarizarse con Pómaro y exigir garantías de seguridad para las comunidades originarias.
Además, hicieron un llamado a los pueblos indígenas del estado a mantenerse “en alerta y prestos al llamado colectivo”, ante el clima de violencia que atraviesa la región costa-sierra de Michoacán.
Hasta ahora, ni el Gobierno de Michoacán ni el alcalde José María Valencia Guillén han respondido públicamente a las acusaciones realizadas por comuneros de Pómaro, mientras la región permanece bajo tensión y crece el temor de nuevas confrontaciones.
