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MensajearCiudad de México, a 7 de septiembre de 2026.- Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos llevó al aseguramiento de una bodega en la Ciudad de México que habría sido arrendada por el exvicealmirante Roberto Farías Laguna, donde fueron localizados artículos de lujo, armas sin registro y documentación relacionada con personal de la Secretaría de Marina y operaciones de aduanas marítimas.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que entre los objetos encontrados había expedientes de elementos navales y de altos mandos, así como información de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial.
Durante un videomensaje, la funcionaria explicó que las indagatorias sobre el llamado huachicol fiscal permitieron establecer que detrás del aseguramiento, en 2025, de un buque con alrededor de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas, operaba una estructura criminal con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburo ingresado ilegalmente al país.
De acuerdo con la investigación, Manuel Roberto N. y Fernando N., identificados como “Los Primos”, presuntamente habrían utilizado una red de complicidades para intervenir en designaciones, ascensos y movimientos de funcionarios en aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
Godoy Ramos señaló que Roberto N. habría tenido una participación directa en la gestión de nombramientos y promociones dentro de estas estructuras. La información obtenida durante el cateo de la bodega forma parte de los datos de prueba que actualmente son valorados por el Poder Judicial.
La fiscalía sostiene que el esquema de contrabando incluía el traslado de hidrocarburos desde Texas hacia México. El combustible presuntamente era declarado como aceite o aditivo con el propósito de recibir un tratamiento fiscal distinto y facilitar su ingreso al país.
Según las indagatorias, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos a cambio de permitir el paso de los embarques, mientras que las revisiones habrían sido manipuladas mediante muestreos superficiales, reportes alterados sobre los volúmenes o procedimientos destinados a liberar el producto sin una inspección adecuada.
Incluso, la estructura habría establecido horarios específicos para los arribos y descargas, además de recurrir presuntamente a la desactivación de cámaras de vigilancia para evitar que quedaran registros de las maniobras realizadas.
Una vez que el hidrocarburo llegaba a tierra, era distribuido a través de tres empresas constituidas legalmente. Sin embargo, de acuerdo con la FGR, detrás de ellas operaba una red de compañías fachada y movimientos financieros triangulados que buscaban dar apariencia lícita a los recursos obtenidos por la comercialización del combustible.
Las investigaciones han identificado presuntas operaciones relacionadas con esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La fiscalía continúa siguiendo el rastro de accionistas, representantes legales y otros participantes que habrían intervenido en diferentes etapas de la cadena.
La fiscal Ernestina Godoy enfatizó que las posibles conductas ilícitas atribuidas a algunos integrantes de una institución no representan a toda la Secretaría de Marina y sostuvo que la responsabilidad será individual para quienes hayan utilizado sus cargos públicos o funciones para favorecer actividades criminales.
Asimismo, destacó el seguimiento que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado a las investigaciones y aseguró que la FGR continuará con las indagatorias hasta determinar responsabilidades.
Godoy Ramos recordó que las pesquisas tienen como antecedente una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, en la que se alertó sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
A partir de esas investigaciones, la fiscalía logró avanzar hacia el aseguramiento de los 10 millones de litros de diésel que fueron localizados en un buque en el puerto de Altamira, considerado por la dependencia como uno de los principales golpes contra el contrabando de hidrocarburos.
