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MensajearQuerétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2026.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro se pronunció a favor de la propuesta realizada por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, para solicitar a las fuerzas políticas mecanismos que impidan la filtración del crimen organizado en las candidaturas del proceso electoral 2027, afirmó Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, advirtió que "blindar no es suficiente" si los controles no se extienden al ejercicio del cargo público y a la reforma integral del sistema anticorrupción local.
Enfatizó que, si bien el partido no tiene inconvenientes con la implementación de protocolos previos a la contienda, la normativa electoral actual —tanto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) como del Instituto Nacional Electoral (INE)— ya contempla mecanismos de verificación como el "8 de 8 contra la violencia".
"Una persona puede ser candidata y llegar de manera limpia a una elección, pero corromperse fuertemente cuando ya está en el ejercicio. Nos parece bien toda propuesta que garantice la integridad de las candidaturas, pero es más importante garantizar la integridad en el ejercicio del cargo".
Ante el debate sobre los tiempos del calendario electoral, Arredondo Ramos consideró poco viable la imposición tardía de un nuevo protocolo interno para los comicios de 2027 por lo que llamó a las y los legisladores locales a impulsar reformas legales profundas que ataquen de raíz la corrupción y el riesgo de narcogobiernos mediante diversos ejes.
“Es necesario modificar los procesos de selección de los titulares en contralorías y fiscalías para garantizar que sean perfiles técnicos, sin vínculos ni compromisos políticos; implementar mecanismos de vigilancia ciudadana constante y no limitar la supervisión únicamente a los periodos de contienda electoral; establecer procedimientos ágiles para la remoción o retiro del cargo de aquellos funcionarios que enfrenten investigaciones abiertas por actividades delictivas y corregir las lagunas normativas en la legislación local que actualmente permiten la proliferación de actos anticipados de campaña, como la colocación masiva de espectaculares y bardas, cuyo origen de recursos suele ser cuestionado sin consecuencias legales efectivas”.
Para respaldar la necesidad de un sistema anticorrupción más severo e independiente, la dirigencia del PRI citó cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con el organismo, durante el año 2025 el costo promedio por ciudadano derivado de la corrupción en Querétaro alcanzó los 5 mil 432 pesos, lo que representa un incremento del 15 por ciento respecto a 2023 y el nivel más alto registrado en la entidad durante los últimos 10 años.
Reiteró que mantendrá una postura autocrítica y de apertura ante cualquier iniciativa que abone a la transparencia, pero insistió en que la solución de fondo requiere autoridades plenamente autónomas y un marco legal efectivo que opere más allá de las campañas electorales.
