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MensajearCuliacán, Sin., a 1 de mayo de 2026.— El poder político en Sinaloa entró en una fase crítica. En cuestión de horas, el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo, mientras que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, siguió el mismo camino —o se encuentra en proceso de hacerlo—, marcando un quiebre sin precedentes tras las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La salida temporal del mandatario estatal ocurre apenas días después de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera pública una acusación formal contra una decena de funcionarios sinaloenses, a quienes señala de formar parte de una red de protección institucional al Cártel de Sinaloa. Entre los delitos imputados figuran conspiración para tráfico de drogas, uso de armas de alto poder y presunta recepción sistemática de sobornos.
Hasta hace menos de 72 horas, tanto Rocha como Gámez sostenían una postura firme: negaban categóricamente los señalamientos y descartaban cualquier posibilidad de separarse de sus cargos. Hoy, el escenario es otro. La solicitud de licencia —justificada bajo el argumento de “facilitar las investigaciones”— refleja un viraje abrupto que evidencia la presión política e internacional que enfrenta el gobierno estatal.
El caso no sólo sacude a la administración local, sino que abre un frente delicado en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Mientras autoridades estadounidenses avanzan en la judicialización del caso, el gobierno mexicano ha optado por una postura de contención. La Fiscalía General de la República ha señalado que, por ahora, no existen elementos suficientes para ejecutar detenciones inmediatas, aunque ha solicitado más información al país vecino.
En paralelo, el clima en Sinaloa se torna cada vez más tenso. El reciente asesinato de un líder sindical del Ayuntamiento de Culiacán —ocurrido en medio de esta crisis— añade un componente de inestabilidad que apunta a posibles reacomodos internos de poder en la entidad.
La coincidencia en la solicitud de licencia del gobernador y la posible salida del alcalde de la capital no es menor: sugiere una reacción en cadena dentro de la estructura política estatal. Analistas advierten que este podría ser apenas el inicio de un proceso más amplio que involucre a otros funcionarios señalados en la misma investigación.
Por ahora, ni Rubén Rocha Moya ni Juan de Dios Gámez Mendívil enfrentan cargos en México. Sin embargo, el avance del caso en tribunales estadounidenses mantiene abierta la posibilidad de solicitudes de extradición y nuevas revelaciones que podrían escalar aún más la crisis.
Lo que comenzó como una acusación internacional se ha convertido, en cuestión de días, en una sacudida directa al corazón del poder político en Sinaloa. El desenlace aún es incierto, pero una cosa es clara: el equilibrio institucional del estado ya fue alterado.
