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MensajearCiudad de México, 4 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum propone modificaciones en el financiamiento público a partidos, el uso de tiempos oficiales en radio y televisión, la regulación de contenido generado con inteligencia artificial, la fiscalización de recursos, la representación proporcional en el Congreso y la promoción de mecanismos de democracia directa.
Recorte al financiamiento público de partidos
El primer cambio plantea modificar la fórmula con la que se calcula el financiamiento público anual para actividades ordinarias de los partidos políticos.
Actualmente, el monto se obtiene multiplicando el número total de personas inscritas en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la referencia oficial utilizada para determinar montos económicos en diversas disposiciones legales.
La propuesta reduce ese porcentaje a 48.75% del valor diario de la UMA. En términos prácticos, representa un recorte uniforme del 25% al componente central de la fórmula, ya que 48.75 equivale a tres cuartas partes de 65.
El resto del mecanismo de distribución permanecería sin cambios:
30% del total se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos.
70% se distribuye conforme al porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política en la última elección de diputaciones federales.
Prohibición de financiamiento extranjero
La reforma incorpora un nuevo párrafo que prohíbe a partidos, precandidatos y candidatos recibir o utilizar recursos provenientes del extranjero para actividades ordinarias o de campaña.
La restricción abarcaría aportaciones de:
Gobiernos extranjeros
Fondos u organismos internacionales
Empresas o personas extranjeras
También incluiría apoyos en especie, como servicios, logística o cualquier tipo de asistencia material. Además, la redacción contempla en el mismo supuesto a mexicanos que residan fuera del país cuando los recursos se destinen a campañas.
El objetivo es impedir cualquier forma de financiamiento externo en procesos electorales.
Reducción de tiempo oficial administrado por el INE
Otro cambio relevante es la disminución del tiempo diario que el Instituto Nacional Electoral (INE) administra en radio y televisión durante precampañas y campañas.
Actualmente, el INE dispone de 48 minutos diarios por estación o canal, distribuidos en bloques de hasta tres minutos por hora en dos tramos de transmisión. La reforma propone reducir ese tiempo a 35 minutos diarios.
El ajuste implica un recorte de 13 minutos al llamado “tiempo del Estado” destinado a mensajes partidistas e institucionales, ya que ambos comparten esa bolsa. En consecuencia, las concesionarias tendrían mayor disponibilidad de tiempo para su programación.
Regulación de contenido electoral generado con inteligencia artificial
La iniciativa también plantea que cualquier contenido relacionado con procesos electorales que haya sido creado o modificado mediante inteligencia artificial u otra tecnología deba estar claramente etiquetado por su emisor.
Radio, televisión y plataformas digitales tendrían la obligación de:
Identificar este tipo de contenidos
Advertir cuando no estén etiquetados
Evitar su difusión en caso de incumplimiento
Las responsabilidades y sanciones se definirían en legislación secundaria. Tanto quien produzca contenido sin etiquetarlo como quien lo distribuya podría ser sancionado.
El alcance del concepto “contenido relacionado con procesos electorales” podría ser amplio, ya que abarcaría no solo propaganda formal, sino también análisis, entrevistas, clips editados o materiales satíricos. Asimismo, la facultad de “evitar la difusión” abre el debate sobre posibles riesgos de censura previa, ante la posibilidad de que plataformas o concesionarios retiren contenidos por precaución.
Mayor fiscalización financiera
La propuesta refuerza los mecanismos de supervisión de recursos durante precampañas y campañas.
Bancos e instituciones financieras tendrían que reportar diariamente al INE los ingresos, egresos y operaciones de:
Partidos políticos nacionales y locales
Precandidaturas
Candidaturas, incluidas independientes
La vigilancia incluiría no solo dinero, sino también valores, divisas, créditos, seguros, compraventa de bienes y activos virtuales como criptomonedas.
Los reportes serían confidenciales y se limitarían al periodo electoral. Además:
Se prohíbe el financiamiento proveniente de actividades ilícitas.
Las aportaciones privadas solo podrían realizarse por personas físicas mexicanas.
Se eliminan las donaciones en efectivo.
Todas las aportaciones deberán realizarse mediante el sistema financiero.
No serían deducibles de impuestos.
Las aportaciones en especie deberán valuarse en pesos.
Aunque el esquema fortalece la trazabilidad formal de los recursos, el desafío seguirá siendo detectar financiamiento que no ingrese al sistema financiero.
Cambios en la representación proporcional
En la Cámara de Diputados se conservarían los 200 escaños de representación proporcional, pero cambiaría el método de asignación.
Se dividirían en dos bloques de 100:
A: Para los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidatos que compitieron en distritos y obtuvieron altos porcentajes de votación sin ganar.
B: Para listas abiertas definidas por voto directo en cinco circunscripciones regionales, incluyendo espacios vinculados a mexicanos residentes en el extranjero.
En el Senado, la iniciativa contempla eliminar los 32 escaños de representación proporcional.
Además, se establece un requisito de residencia mayor a tres años para mexicanos en el extranjero bajo este esquema.
Educación cívica y promoción de democracia directa
La reforma eliminaría la obligación constitucional de los institutos electorales locales de realizar tareas de educación cívica.
También se propone modificar el artículo 134 para permitir que representantes de los tres poderes y órdenes de gobierno promuevan la participación ciudadana en mecanismos de democracia directa, como consultas populares o revocación de mandato.
Dicha promoción debería realizarse bajo criterios de imparcialidad y neutralidad, y sin influir en los resultados. Sin embargo, el alcance de estas disposiciones podría generar debate sobre los límites entre promover la participación y afectar indirectamente el resultado de estos ejercicios.
