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MensajearMorelia, Mich., a 4 de marzo de 2026. — La extorsión contra la cadena productiva del limón y aguacate en Michoacán se ha convertido en una auténtica mina de oro para el crimen organizado, con ganancias que pueden alcanzar hasta 10 mil millones de pesos anuales, reconoció el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.
Durante una entrevista en el programa “Los Periodistas”, transmitido por SinEmbargo, el titular de la Fiscalía General del Estado lanzó cifras que cimbraron al sector agrícola y a la opinión pública.
“Haciendo cálculos así rápido, si la extorsión en el tema del limón de acuerdo a las toneladas que existen por año, pues ellos tienen una fuente de financiamiento entre mil quinientos y tres mil millones de pesos”, expuso.
Es decir, tan sólo el limón —uno de los productos emblemáticos de la Tierra Caliente e indispensable en los hogares mexicanos— estaría financiando a grupos criminales con miles de millones de pesos anuales.
Pero la dimensión del problema crece todavía más cuando se habla del llamado “oro verde”. Al referirse al aguacate, Torres Piña detalló:
“Si esto lo haces a referencia del aguacate, pues la fuente de financiamiento se te eleva a 3,507 millones de pesos de financiamiento en los temas de extorsión”.
La suma, al integrar ambos cultivos y otras variables delictivas vinculadas a las cadenas productivas, la cifra podría escalar sin dificultad.
“Diez mil millones puede llegar perfectamente”, admitió el fiscal.
Diez mil millones de pesos. Una cifra que coloca a la extorsión agrícola como una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado en Michoacán.
En la entrevista, el fiscal aseguró que se han dado golpes importantes contra estas estructuras criminales. “Hemos desarticulado varias bandas delincuenciales de extorsionadores en Uruapan, en Apatzingán, en Zamora”, afirmó.
En un intento por cerrar filas, Michoacán modificó su marco legal para obligar a las autoridades a actuar ante cualquier indicio de extorsión.
“En el caso de Michoacán se modificó el código penal para que cualquier autoridad que esté enterada de un tema de extorsión, él está obligado a denunciar y por lo menos se inicie una actuación por parte de la fiscalía”, concluyó.
