Ciudad de México, 3 de noviembre de 2022.- En la antesala de ser aprobada por el Senado de la República se encuentra la iniciativa de sancionar hasta con 30 años de prisión, y por lo menos 1 millón 900 mil de pesos de multa, a quienes recluten niñas, niños y adolescentes para la ejecución de actividades delictivas.
Así lo aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, quien detalló que de acuerdo a la propuesta no habría necesidad de presentar una denuncia por este ilícito, y se ameritaría prisión preventiva oficiosa para los presuntos responsables.
Cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) refieren que no existe un número preciso de niñas, niños y adolescentes que han sido atrapados por la delincuencia organizada, pero se calcula que entre 30 y 35 mil han sido reclutados por el crimen organizado.
De acuerdo a Redim, durante el 2021 fueron asesinados 700 menores de edad en hechos relacionados con grupos delincuenciales.
El senador Ricardo Monreal, quien también es autor de la iniciativa, aseguró a través de un mensaje en redes sociales que es inminente la aprobación de esta innovación jurídica que tipificaría el reclutamiento de menores de edad en tareas de delincuencia organizada.
Detalló el todavía morenista que “se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días de multa a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años a cometer cualquiera de los delitos contenidos en el Código Penal y en las leyes federales; así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa”.
La iniciativa subraya que aunque el menor de edad haya dado su consentimiento, esto no constituirá una causal de exoneración para la responsabilidad penal del adulto que lo haya inducido a acciones delictivas.
Se establece como agravante para que la pena aumente hasta 30 años de prisión “cuando la víctima sea menor de 15 años cumplidos; cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación de parentesco, sentimental, afectiva o de confianza; y cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública en funciones”.
También se considerará cuando la cooptación sea contra niñas, niños o adolescentes en condiciones de orfandad, violencia familiar, discapacidad, pobreza extrema, situación de calle, migración, pertenezca a una comunidad indígena o haya sido previamente víctima de algún delito”.
La propuesta establecería que en caso de que el juez señale que un menor de edad en reclusión fue víctima de reclutamiento del crimen, en cualquiera de sus modalidades, se procederá a su protección inmediata.
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Foto: Unicef









