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MensajearMorelia, Michoacán, 08 de Octubre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, presentó una iniciativa para que la violencia intrafamiliar se persiga de oficio, y con ello exista una respuesta más oportuna frente a esta problemática social.
En la exposición de motivos, Brissa Arroyo, -integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso de Michoacán-, aseguró que la violencia familiar no puede seguir tratándose como un asunto privado cuando pone en riesgo la integridad, la dignidad y la vida de una persona.
Detrás de cada agresión hay una víctima que puede vivir con miedo, dependencia, amenazas o en condiciones que le impiden acudir por sí misma ante la autoridad.
Explicó que el Código Penal de Michoacán reconoce actualmente la violencia familiar como delito y establece que, como regla general, se persigue por querella, con excepciones específicas.
Por ello, -detalló-, esta iniciativa busca fortalecer ese mecanismo para que, ante determinadas circunstancias de especial gravedad o vulnerabilidad, el Estado pueda actuar de oficio y no dependa exclusivamente de que la víctima pueda presentar una querella.
La propuesta contempla supuestos como la intervención de dos o más personas, el uso de armas de fuego o punzocortantes, la existencia de lesiones que dejen cicatriz permanente, antecedentes o denuncias documentadas de violencia familiar contra la misma víctima, así como situaciones en las que la víctima sea menor de edad, tenga una discapacidad, sea persona adulta mayor, se encuentre embarazada o durante los tres meses posteriores al parto, o exista imposibilidad para denunciar.
"No se trata de eliminar la querella como regla general ni de ampliar indiscriminadamente la intervención penal", destacó Brissa Arroyo.
Se trata de reconocer que existen escenarios en los que exigir a la víctima que inicie por sí misma el procedimiento puede convertirse en una barrera adicional para acceder a la justicia.
En esos casos, la respuesta del Estado debe estar a la altura del riesgo.
Esta reforma también busca armonizar la protección penal con el deber de prevenir la violencia y atender de manera reforzada a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
La ley debe ser capaz de responder antes de que una agresión escale y de tomar en serio las señales de riesgo que ya existen.
"Con ello, se pone en el centro de atención a las víctimas y propone una respuesta institucional más oportuna frente a la violencia familiar", agregó la Congresista.
Esta iniciativa que se presentó en el Pleno del Congreso Local es también derivado de ese Parlamento Abierto en donde se escucha a todos los sectores, y en este caso en seguimiento a la agenda que se desarrolla con el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), que dirige Laura Elizabeth Sosa Zaragoza.
