Pide Verónica Huante poner límites a retrasos en procesos judiciales de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2026.- Establecer límites a las demoras injustificadas dentro de los procesos judiciales y evitar que estas terminen afectando nuevamente a las víctimas fue el planteamiento presentado por la joven Verónica Huante Parra durante su participación en el Parlamento Juvenil Incluyente 2026 del Congreso del Estado de Michoacán.

Desde la Tribuna, la licenciada en Derecho sostuvo que quienes han sido víctimas de un delito enfrentan un desgaste adicional cuando las audiencias son aplazadas sin justificación, los trámites permanecen detenidos o los plazos establecidos no se cumplen.

Ante esta situación, propuso reformar y adicionar las fracciones quinta, sexta y séptima al artículo 279 del Código Penal del Estado de Michoacán, con el objetivo de contribuir a que los procedimientos avancen dentro de límites definidos y evitar que las dilaciones puedan convertirse en una herramienta para retrasar el acceso a la justicia.

Huante Parra señaló que una demora dentro de un expediente no representa únicamente el aplazamiento de una fecha, sino que puede traducirse para las víctimas en incertidumbre, gastos económicos, afectaciones emocionales y la sensación de que su caso ha quedado relegado.

Aclaró que su propuesta no pretende vulnerar el debido proceso ni promover resoluciones apresuradas, sino garantizar procedimientos legales e imparciales que respeten los derechos de todas las partes, pero que también cuenten con mecanismos para impedir retrasos injustificados.

La joven advirtió que el paso del tiempo puede ocasionar pérdida de pruebas, desgaste de testigos y mayores afectaciones para las familias involucradas, además de favorecer condiciones de impunidad.

Por ello, llamó a fortalecer la confianza en las instituciones mediante resultados y una actuación sensible hacia quienes atraviesan un proceso judicial, al considerar que detrás de cada carpeta de investigación existe una persona y una familia cuya vida puede verse afectada mientras espera una resolución.

Finalmente, afirmó que mientras una víctima continúe esperando justicia debido a retrasos que carecen de justificación, las instituciones y la sociedad mantienen pendiente su responsabilidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia.