No hay que engañar a la ciudadanía, el 6 de 6 ya está contemplado en la ley: Arturo Maximiliano García

Querétaro, Querétaro, a 7 de septiembre de 2026.- No se debe engañar a las y los ciudadanos respecto de los requisitos incluidos en el protocolo presentado desde el Ejecutivo, denominado 6 de 6, porque ya existen en la legislación o han sido implementados anteriormente como mecanismos de transparencia promovidos por organizaciones de la sociedad civil, afirmó Arturo Maximiliano García, coordinador del Grupo Legislativo de Morena del Congreso Local.

“No hay que engañar a las ciudadanas y los ciudadanos del estado, diciéndoles que se va a implementar algo nuevo y que va a hacer alguna diferencia”.

Explicó que elementos como las declaraciones patrimoniales, la información sobre propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero y otros activos, así como las declaraciones fiscales y de conflicto de interés, forman parte de mecanismos que ya existen.

Asimismo, destacó que el 3 de 3 contra la violencia ya es obligatorio y contempla requisitos relacionados con no contar con sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política en razón de género, además de no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios. “Esto ya es un tema legal. Esto no es un tema que debe estar en ningún tipo de protocolo”.

Señaló que existen obligaciones jurídicas para los servidores públicos, como las declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión, así como la manifestación de no conflicto de interés y el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cuestionó entonces por qué, si realmente se buscaba establecer nuevos requisitos obligatorios, no se presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso para modificar el marco legal.

“Si el Ejecutivo hubiera utilizado su facultad de iniciativa ante el Congreso para hacer una reforma electoral previa, al tiempo que anunciaba este protocolo, hubiera sonado lógico”.

Consideró que los partidos políticos pueden aprovechar las herramientas que ya establece la legislación federal para revisar los perfiles de sus candidatas y candidatos.

Explicó que la legislación permite solicitar la revisión de expedientes ante distintas instituciones, entre ellas la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la FGR y el SAT. 

“Entonces, no hay nada nuevo en esto. Me parece que se queda corto, tomando en cuenta los instrumentos ya disponibles justamente en la legislación local y en la legislación federal”.
Durante su intervención, la diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó la viabilidad jurídica de incorporar mecanismos como el polígrafo dentro de este tipo de protocolos.

Señaló que su aplicación enfrenta un problema fundamental al no encontrarse contemplada como una obligación legal y recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido criterios relacionados con los límites que deben observar las autoridades cuando pretenden implementar políticas o mecanismos que no cuentan con sustento jurídico. “Es imposible su aplicación, y esto es porque no está contemplado en la ley”.

Consideró que cualquier mecanismo de evaluación que pretenda imponerse a quienes aspiran a cargos públicos debe contar con fundamento jurídico y respetar los derechos establecidos en el marco constitucional.