Michoacán: Lázaro Cárdenas y la dupla Camacho — Esquivel: denuncias, corrupción admitida y sanciones… pero el poder nunca cambió de manos

Lázaro Cárdenas, Mich., a 11 de abril de 2026.— En este municipio no hay escándalo que derrumbe estructuras. Aquí, el poder no se pierde: se administra, se protege y, llegado el momento, se hereda. La historia entre María Itzé Camacho Zapiain y Manuel Esquivel Bejarano no es la de una transición política, sino la de un mismo grupo que ha sabido sobrevivir a denuncias, sanciones y hasta al reconocimiento público de corrupción sin soltar el control.

Todo comienza en 2018, cuando Camacho asume la presidencia municipal y empieza a tejer una estructura de poder basada en perfiles de absoluta confianza. Entre ellos aparece Esquivel, primero como Oficial Mayor y, en noviembre de ese mismo año, como Tesorero Municipal. No es un movimiento menor: colocar a un operador cercano en la Tesorería significa concentrar el control del dinero, de los pagos y de la operación financiera del ayuntamiento. Desde ahí se construye algo más que una administración: se construye un sistema.

Para 2020 y 2021, ese sistema ya enfrentaba sus primeras grietas públicas. Mientras Camacho buscaba reelegirse como alcaldesa, surgieron denuncias formales por el uso de recursos públicos con fines electorales. Se documentó la colocación de propaganda política, el uso de personal del ayuntamiento y el pago de materiales con dinero del erario. La cifra señalada —alrededor de 20 mil pesos— puede parecer menor en términos absolutos, pero el problema nunca fue el monto, sino el mecanismo: recursos públicos presuntamente utilizados para sostener una campaña política. Y en el centro de ese flujo financiero aparecía el nombre de Manuel Esquivel, entonces tesorero. A pesar de ese contexto, Camacho no solo compitió: ganó la reelección. El mensaje fue claro desde entonces: las denuncias no rompían al grupo, lo fortalecían.

El episodio más revelador llegaría años después, en 2024, cuando la propia Camacho terminó por confirmar lo que durante tiempo se había señalado desde fuera. En junio de ese año, aún como alcaldesa, reconoció públicamente la existencia de corrupción dentro de su administración. Habló de licencias comerciales apócrifas, de funcionarios involucrados y de expedientes inexistentes. No fue una acusación política ni una filtración opositora; fue una admisión directa desde la cabeza del gobierno. Y lo más grave no fue el hecho en sí, sino la dimensión que ella misma sugirió al describirlo como “la punta del iceberg”. Es decir, no un caso aislado, sino un problema estructural que operaba desde dentro del propio ayuntamiento.

Lejos de cerrar el ciclo, ese mismo año trajo otro elemento igual de delicado: las sanciones electorales. Durante el proceso de 2024, tanto Camacho como Esquivel fueron objeto de procedimientos ante autoridades electorales, que terminaron por acreditar infracciones y emitir amonestaciones públicas. Las faltas no fueron menores: actos anticipados de campaña, promoción indebida y posicionamiento fuera de los tiempos legales. No se trató de señalamientos mediáticos ni de percepciones políticas; hubo una determinación institucional que confirmó irregularidades. Aun así, el impacto político fue prácticamente nulo.

Porque mientras todo eso ocurría —denuncias, reconocimiento de corrupción y sanciones formales— el grupo no se fracturó. Se reorganizó. Camacho dejó la alcaldía para asumir como diputada local, y Esquivel, el mismo que había manejado las finanzas en la administración señalada, tomó protesta como presidente municipal en septiembre de 2024. No hubo deslinde, no hubo ruptura, no hubo una renovación real del poder. Hubo continuidad pura.

Eso es lo que vuelve este caso especialmente incómodo. No se trata solo de acusaciones o irregularidades, sino de un patrón que se repite y se consolida: primero se concentra el control político y financiero, luego surgen denuncias, después se contienen mediante sanciones que no alteran el fondo, y finalmente el poder se transfiere dentro del mismo círculo. Lo que debería ser un punto de quiebre termina siendo un trámite en la permanencia del grupo.

Hoy, Lázaro Cárdenas está gobernado por quien fue pieza clave en el manejo de recursos durante una administración que no solo fue señalada por desvío, sino que además reconoció corrupción interna y fue sancionada por autoridades electorales. Y quien encabezó ese gobierno no desapareció de la escena: sigue activa desde el Congreso. El poder no cambió de manos, solo cambió de posición.

En ese contexto, la pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino algo mucho más profundo y preocupante: cómo es posible que un grupo político acumule denuncias, admita corrupción y reciba sanciones… y aun así no solo sobreviva, sino que conserve intacto el control del poder.