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MensajearApatzingán, Mich., a 11 de abril de 2026.— Mientras el discurso del gobierno municipal insiste en avances en materia de seguridad, en las calles de Apatzingán se consolidaba una realidad paralela: una red de videovigilancia clandestina operada por el crimen organizado, instalada en la misma infraestructura urbana destinada a proteger a la población. Hoy, tras la desactivación de al menos 31 cámaras ilegales por autoridades estatales y federales, la pregunta es inevitable: ¿qué sabía la alcaldesa Fanny Arreola y por qué no actuó?
Lejos de tratarse de un hecho aislado, los operativos realizados en lo que va del año exhiben una constante preocupante. El 26 de febrero, autoridades retiraron siete cámaras “parásitas” instaladas ilegalmente en postes y arbolado urbano, presuntamente utilizadas para monitoreo vinculado a actividades ilícitas. Un mes después, el 25 de marzo, al menos una decena más fueron inhabilitadas en el fraccionamiento La Fuente, en una ubicación particularmente delicada: frente a instalaciones militares.
La situación escaló el 11 de abril, cuando la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, aseguró otras 14 cámaras clandestinas en distintos puntos del municipio. En total, al menos 31 dispositivos ilegales han sido detectados y retirados en menos de dos meses, todos con características similares: colocación estratégica y uso para vigilancia criminal.
Los hechos documentados a lo largo de semanas y meses evidencian un patrón difícil de ignorar. El pasado 25 de marzo, corporaciones de seguridad localizaron e inhabilitaron una decena de cámaras “parásitas” en el fraccionamiento La Fuente, colocadas estratégicamente incluso frente a instalaciones militares. Apenas semanas después, el 11 de abril, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, aseguró otras 14 cámaras clandestinas en distintos puntos del municipio. Todas con el mismo propósito: vigilar los movimientos de las autoridades.
No se trató de eventos aislados. Las cámaras, montadas en postes de energía eléctrica y telefonía, revelan una operación sostenida, con capacidad técnica y conocimiento del terreno. Un sistema de monitoreo paralelo que, lejos de improvisarse, parecía formar parte de una estructura bien organizada.
A este contexto se suma un elemento aún más perturbador. En octubre de 2025, horas antes de ser asesinado, un hombre identificado como Fabián Figueroa Andrade, alias “El Camaritas”, apareció en un video difundido por la página de activismo digital Resistencia Civil Pacífica Apatzingán, donde confesaba haber instalado decenas de cámaras para el crimen organizado en ese municipio. En su interrogatorio, afirmó haber colocado al menos 57 dispositivos en postes de seguridad del municipio, señalando además la presunta participación o tolerancia de Jesús “Chucho Rangel”, mando policiaco de Apatzingan, en coordinación con un jefe de plaza vinculado a los Caballeros Templarios, Nery Salgado Harrison alias “El Yupo”, quien lleva dos décadas operando para el crimen organizado de la Tierra Caliente de la entidad.
Si bien estas acusaciones específicas no han sido corroboradas oficialmente, lo cierto es que coinciden con un hecho ya comprobado por las autoridades estatales y federales, y que solo el gobierno municipal no pudo ver: la existencia de una red de videovigilancia criminal activa en Apatzingán. Una red que operó durante meses —posiblemente años— a la vista de todos.
Habitantes y medios locales habían advertido desde 2025 sobre la presencia de cámaras sospechosas en postes públicos. Señalamientos que, lejos de detonar una respuesta contundente del gobierno municipal, quedaron diluidos entre la inacción y el silencio. Hoy, con los operativos estatales y federales dejando al descubierto al menos 25 dispositivos ilegales, la omisión adquiere otra dimensión.
Porque la discusión ya no es si existían o no estas cámaras —eso ha quedado acreditado—, sino por qué una infraestructura de vigilancia criminal pudo instalarse, expandirse y operar en espacios públicos sin que el gobierno municipal actuara con eficacia para impedirlo.
La administración de Fanny Arreola enfrenta así un escenario incómodo: uno donde la narrativa de control y seguridad choca con evidencias de penetración criminal en el espacio urbano. Y aunque será tarea de las autoridades competentes determinar responsabilidades legales, en el terreno político el daño está hecho.
Apatzingán no solo fue vigilado. Fue observado desde las sombras, bajo un sistema paralelo que aprovechó la debilidad institucional. Y en medio de ese escenario, la pregunta sigue en el aire, sin respuesta clara: ¿fue incapacidad… o permisividad?
