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MensajearCiudad de México, a 8 de octubre de 2025.- Una nueva iniciativa legislativa ha generado una ola de críticas dentro y fuera del Congreso: la llamada “Ley Anti-Stickers”, presentada por el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del partido Morena.
El proyecto propone penas de tres a seis años de prisión —y hasta nueve años en casos agravados— para quienes creen, modifiquen o difundan imágenes, audios o videos digitales sin consentimiento, cuando estos utilicen la imagen o identidad de una persona.
El aspecto más polémico radica en el agravante aplicable a los servidores públicos, lo que significaría que un político podría recibir mayor protección legal que un ciudadano común. Según el texto propuesto, la pena se incrementaría hasta en una mitad, llegando hasta 9 años de cárcel, si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o en el caso de ser servidor público en funciones, es decir, un político.
El legislador Corona Arvizu, argumenta que su propuesta busca “proteger la dignidad y la identidad digital” ante los abusos de la manipulación mediática y los contenidos generados con inteligencia artificial.
No obstante, el articulado deja amplios márgenes de interpretación. Conceptos como “ridiculizar”, “dañar la reputación” o “difusión masiva” no están claramente definidos, lo que abre la posibilidad de criminalizar la crítica o la sátira política bajo el argumento de proteger la imagen personal.
Humor en riesgo, el Poder sin autocrítica
México ha construido buena parte de su identidad política a través del humor. Desde los caricaturistas del siglo XIX hasta los memes contemporáneos, la burla ha funcionado como un lenguaje popular de crítica y resistencia. Convertir ese ejercicio simbólico en delito supondría un retroceso democrático.
Con la “Ley Anti-Stickers”, los políticos pasarían de ser figuras sujetas al escrutinio ciudadano a personas legalmente blindadas contra la ironía o el cuestionamiento visual. El resultado sería un país donde la reputación oficial se protege más que la libertad del ciudadano.
En toda democracia madura, la sátira es una forma de control social que permite a la ciudadanía señalar los excesos del poder. Cuando el Estado busca castigar la risa, lo que se erosiona no es la moral pública, sino la confianza en las instituciones.
La iniciativa impulsada por Armando Corona Arvizu (Morena) podría convertirse en una peligrosa herramienta de censura, disfrazada de protección digital. Si el Congreso la aprueba en sus términos actuales, México podría entrar en una etapa donde el humor político se persiga como delito.
