Discusión de la Reforma Electoral, a contra reloj: IEEQ 

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) advirtió que el próximo 15 de julio vence el plazo legal y constitucional ("deadline") para que la Legislatura local apruebe las modificaciones a las reglas del juego que regirán el proceso electoral 2026-2027.
Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del órgano electoral, señaló que, por disposición normativa, cualquier cambio a la ley debe realizarse al menos 90 días antes del inicio formal del proceso. 

"Estamos prácticamente a 16 días de que venza este plazo. Nosotros como instituto presentamos la propuesta técnica desde octubre de 2025”.
Reiteró su respeto absoluto a la soberanía del Congreso del Estado, asegurando que existe una comunicación permanente con los diputados. 

Destacó que el legislativo local "no ha estado inmóvil en este tema", ya que diferentes fuerzas políticas han ingresado iniciativas que enriquecen el debate. "¿Qué esperamos? Por supuesto que llegue a buen puerto, que se armonice todo lo que hemos propuesto. Venimos de una ley aplicada desde 2021 (...) hay muchas cosas que actualizar y modificar por algunos criterios [de la Suprema Corte]".

Por otra parte, Muñiz Rodríguez confirmó que el instituto se mantiene atento a los efectos locales derivados del reciente acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al registro de nuevos partidos políticos nacionales.

Además aclaró que, aunque el acuerdo ya fue votado públicamente, el IEEQ se encuentra a la espera de la notificación oficial a través de la plataforma institucional del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (Sibople) para proceder con las adecuaciones conducentes, las cuales no admiten suspensión de plazos.

“Entre las previsiones que tomará el Consejo General una vez recibida la notificación formal, se encuentran la asignación e integración de las nuevas representaciones partidistas en la mesa del Consejo General y la eventual modificación y redistribución del financiamiento público local, cuyos ajustes se transparentarán en sesiones públicas.