Compartir
Twittear
MensajearApatzingán, Mich., a 29 de octubre de 2026.– La tragedia volvió a alcanzar este lunes a los habitantes del campo en Apatzingán. Un campesino de aproximadamente 60 años resultó gravemente lesionado luego de que una presunta narcomina explotara cuando se dirigía a su huerta por el camino de terracería que comunica las comunidades de El Guayabo y El Alcalde.
La víctima, identificada como Enrique A., viajaba presuntamente en una motocicleta cuando activó el artefacto explosivo oculto entre la terracería. La detonación lo lanzó varios metros y le provocó diversas lesiones, por lo que fueron sus propios familiares quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital.
El nuevo ataque con explosivos no sólo representa otro hecho de violencia, sino que confirma una realidad que habitantes, productores y organizaciones civiles han denunciado desde hace años: los caminos rurales de Apatzingán continúan convertidos en zonas de alto riesgo para quienes únicamente buscan trabajar la tierra.
Con este nuevo caso, la crisis por el uso de minas terrestres improvisadas vuelve a exhibir la incapacidad de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el municipio.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), tan sólo durante 2026 se han documentado al menos 10 personas fallecidas y 20 lesionadas por explosivos, entre ellas civiles y elementos del Ejército Mexicano. Desde 2022, el organismo ha registrado decenas de incidentes relacionados con minas terrestres y drones explosivos, dejando un saldo de decenas de muertos y heridos.
Las víctimas no sólo han sido militares. Jornaleros, cortadores de limón, operadores de maquinaria y campesinos han encontrado la muerte o han sufrido amputaciones al recorrer caminos vecinales o ingresar a sus parcelas, en una región donde el miedo se ha convertido en parte de la rutina.
A esta situación se suma el desplazamiento forzado de cientos de habitantes de comunidades rurales que han abandonado sus hogares debido a la violencia. Organizaciones civiles han advertido que el retorno de algunas familias se ha realizado sin que existan condiciones reales de seguridad, provocando nuevos episodios de riesgo para la población.
Mientras la violencia continúa cobrando víctimas, crecen también los cuestionamientos hacia el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo. Diversos sectores sociales han criticado que, pese a la gravedad de la situación, no se perciben acciones contundentes desde el ámbito municipal para atender una problemática que mantiene bajo amenaza permanente a numerosas comunidades rurales.
Cada nueva explosión profundiza la percepción de abandono entre los habitantes de la Tierra Caliente, quienes consideran que la prioridad ya no es únicamente combatir a los grupos criminales, sino recuperar caminos, parcelas y comunidades donde salir a trabajar no represente jugarse la vida.
El caso de Enrique A. vuelve a recordar que, en Apatzingán, las minas ya no son un problema exclusivo de los enfrentamientos entre grupos armados. Se han convertido en una amenaza cotidiana para la población civil y en uno de los símbolos más dolorosos del deterioro de la seguridad en el municipio.
