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MensajearApatzingán, Mich., a 29 de junio de 2026.- La tierra volvió a explotar en Apatzingán esre lunes. Apenas unas horas después de que un campesino resultara herido por la detonación de una narcomina cuando se dirigía a trabajar su huerta, un elemento del Ejército Mexicano sufrió lesiones de gravedad al estallar otro artefacto explosivo improvisado durante un operativo para localizar y desactivar estos dispositivos.
La nueva explosión ocurrió sobre el camino que comunica las comunidades de El Guayabo y El Alcalde, una de las zonas donde grupos del crimen organizado han sembrado minas terrestres para impedir el avance de las fuerzas federales y donde, al mismo tiempo, transitan diariamente productores, jornaleros y habitantes de la región.
De acuerdo con la información disponible, el militar participaba en labores de búsqueda de explosivos cuando uno de los artefactos detonó a su paso. Sus compañeros le brindaron los primeros auxilios y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue evacuado en un helicóptero hacia las instalaciones de la 43 Zona Militar, donde permanece bajo atención médica especializada.
Horas antes, en ese mismo camino, Enrique A., un campesino de entre 60 y 65 años, resultó lesionado cuando la motocicleta en la que viajaba rumbo a su parcela activó otra mina. El agricultor fue trasladado por sus familiares a un hospital.
Las dos explosiones registradas el mismo día evidencian que la amenaza de las narcominas no sólo permanece vigente, sino que continúa expandiéndose en la zona rural de Apatzingán, donde salir a trabajar o realizar un operativo representa un riesgo permanente de muerte.
Las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), antes de estos dos nuevos casos ya se tenían documentadas durante 2026 al menos 10 personas fallecidas y 20 lesionadas por explosivos improvisados, entre civiles y militares. Desde 2022, el organismo ha contabilizado decenas de ataques con minas terrestres y drones explosivos que han dejado un saldo de más de 30 muertos y cerca de medio centenar de heridos.
La violencia también ha provocado el desplazamiento de cientos de habitantes de comunidades rurales. Apenas la semana pasada, organizaciones civiles documentaron más de 225 personas desplazadas por los enfrentamientos entre grupos criminales, al tiempo que advirtieron que muchas familias han regresado a sus comunidades sin que existan condiciones mínimas de seguridad.
Frente a este escenario, aumentan las críticas hacia la administración municipal encabezada por Fanny Arreola Pichardo. Mientras las explosiones continúan dejando víctimas y los caminos rurales permanecen sembrados de artefactos explosivos, diversos sectores sociales cuestionan la ausencia de una estrategia municipal visible para atender la emergencia que viven las comunidades más alejadas del municipio.
Las críticas se han intensificado luego de que, en días recientes, la alcaldesa participara en actos públicos de promoción económica mientras la región acumulaba nuevos heridos, desplazados y víctimas por minas terrestres, una imagen que para muchos habitantes simboliza la desconexión entre el gobierno municipal y la realidad que enfrenta la población de Tierra Caliente.
Aunque el combate directo al crimen organizado corresponde principalmente a las autoridades federales y estatales, ciudadanos y organizaciones han insistido en que el gobierno municipal no puede permanecer como un espectador frente a una crisis humanitaria que afecta diariamente a sus habitantes.
Esta jornada resume el drama que vive Apatzingán: en menos de un día, un campesino salió de su casa para trabajar y terminó hospitalizado; horas después, un soldado que intentaba eliminar el peligro también fue alcanzado por una explosión. Dos víctimas, un mismo camino y una misma pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuántas minas más permanecen ocultas bajo la tierra antes de que las autoridades logren devolver la seguridad a la población?
