Coordinadores de bancadas del PT, PAN, Morena, PVEM y PRD, desdeñan a periodistas

Morelia, Michoacán; 4 de abril del 2022. - Los diputados coordinadores de las bancadas del PT, PAN, Morena, PVEM, PRD y Representación Parlamentaria, desdeñaron la reunión con periodistas programada este lunes; en la misma el Colectivo de Ni Uno Más haría entrega de un documento que contienen propuestas de reformas al Código Penal del Estado y Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Los integrantes del Colectivo quienes demandaron las reformas pertinentes a la ley para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, así como el derecho a la información de la ciudadanía, fueron atendidos por la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Iñiguez, quien estuvo acompañada del coordinador de la bancada del PRI, Jesús Hernández, Laura Pantoja Abascal presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Gabriela Cazarez diputada del PT, Luz García del PES, Víctor Zurita de Morena y Anabet Franco Carrizales de Morena.

Los legisladores que no estuvieron presentes son Reyes Galindo del PT, Oscar Escobar del PAN, Fidel Calderón de Morena, Ernesto Núñez del Partido Verde, Víctor Manríquez del PRD y Fanny Arreola de la Representación Parlamentaria.

Pese a que los legisladores de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado no asistieron se acordó incluir a las dos iniciativas de reforma a la Constitución y Código Penal ya presentadas por la de la diputada Adriana y otra del diputado Óscar Escobar, la reforma para que el homicidio y las lesiones se entiendan como calificados cuando se cometan en agravio de periodistas, de su cónyuge, concubina/o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, si tuvieren como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión del ofendido, o en razón del desempeño de su profesión.

Agravar penas cuando los delitos sean cometidos contra periodistas en los casos de desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, privación de la libertad personal y amenazas. Exclusión de pena al que oculte al responsable de un hecho calificado por la Ley como delito, o impida que se averigüe, siempre que se trate de: los periodistas, reporteros o personal que preste sus servicios dentro de alguna empresa o medio de comunicación escrito o electrónico, respecto de los nombres o datos de identificación de las personas que con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado.

Además de considerar delitos cometidos contra periodistas, cualquier conducta tendiente a impedir, interferir, limitar o que atenten en contra de la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación y cuando cualquiera de los delitos cometidos contra periodistas, sea realizado por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, aumento de penas.

Así como la abrogación del Capítulo I denominado Ataques al Honor, del Título Tercero referente a los Delitos contra la Dignidad Humana (artículos 192 y 193), así como del Capítulo II denominado Ataques a la Propia Imagen (artículos 196, 197 y 198). Establecer sanciones y/o penalidad, o agravantes de pena, contra el acoso, violencia, y amenaza digital a periodistas por el ejercicio de su labor.

De igual manera la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado referente a la integración de la Junta de Gobierno como instancia máxima del Sistema Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que se incluya la participación de un representante del gremio periodístico y uno de defensores de derechos humanos, para contar con voz y voto en la toma de decisiones.

Se estableció que estas reformas serán calendarizadas su análisis, se espera que en abril se dé una primera reunión, para posteriormente en mayo pasar a la dictaminación y aprobación en el Pleno del Congreso del Estado.