Compartir
Twittear
MensajearXalapa, Veracruz, a 5 de agosto de 2026.- El Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, lo que permitirá a la Fiscalía General del Estado continuar el proceso penal en su contra por su presunta participación como autor intelectual en la desaparición y homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Durante una sesión extraordinaria, el Pleno avaló el juicio de procedencia con 40 votos a favor y ocho en contra, estos últimos emitidos por legisladores de oposición. Con esta resolución, el edil pierde la protección constitucional que le otorgaba el cargo, aunque ello no representa una detención automática, sino que abre la posibilidad de que la Fiscalía solicite una orden de aprehensión ante un juez.
La solicitud de desafuero fue presentada por el fiscal Iván Hernández González, titular de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en Nanchital, y quedó integrada en el expediente administrativo DP-LXVII-SG-02-2026.
Tras la aprobación del dictamen, el Cabildo de Ixhuatlán del Sureste deberá convocar a la suplente, Juliana Ruiz Martínez, para asumir la presidencia municipal, una vez que la resolución sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado y el Congreso notifique formalmente al ayuntamiento.
La investigación señala que Raúl González Martínez presuntamente ordenó la privación de la libertad y el asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien desapareció el 2 de junio en Nanchital y fue localizada sin vida semanas después. De acuerdo con la indagatoria, el móvil del crimen habría sido el descontento del alcalde por una supuesta fotografía en la que aparecía portando un arma de fuego, por lo que presuntamente habría instruido a un grupo criminal para cometer el ataque.
Aunque el alcalde tenía la posibilidad de comparecer personalmente ante los diputados para ejercer su defensa, decidió no asistir y únicamente acudieron sus representantes legales.
Los abogados Izaskum Moreno Navarro y Julio César Rosas Salazar sostuvieron que no existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y aseguraron que su cliente enfrentará el proceso conforme a derecho. No obstante, admitieron que en las últimas horas no han logrado establecer comunicación con él.
La defensa insistió en que el retiro del fuero únicamente permite que continúe el procedimiento penal y recordó que el alcalde aún tiene la calidad de investigado, ya que hasta el momento no ha sido imputado formalmente por un juez.
Respecto a una eventual participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, planteada por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, los abogados señalaron que no existe una solicitud oficial, aunque consideraron viable la presencia de observadores durante el desarrollo del caso.
Asimismo, calificaron el procedimiento como resultado de factores políticos y reiteraron su desacuerdo con las acusaciones.
Cabe recordar que, durante la audiencia de presentación de pruebas y alegatos celebrada el pasado 30 de julio ante la Comisión Instructora, la defensa pidió desechar parte de las pruebas al argumentar que la fotografía presentada habría sido alterada mediante inteligencia artificial. También sostuvo que dicha imagen no estaba incluida en la carpeta entregada por el Congreso y que los testimonios en contra del alcalde corresponden a "testigos de oídas", por lo que, a su juicio, carecen de valor probatorio.
