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MensajearCiudad de México, a 15 de octubre 2025.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, con cambios, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En lo particular, el documento que deriva de una iniciativa presidencial, fue aprobado con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.
Por lo anterior, el dictamen fue devuelto al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Cabe mencionar que, en el proceso legislativo en la Cámara Baja se interpusieron un total de 307 reservas, de las cuales, la mayoría en San Lázaro solo aprobó tres.
Entre dichas reservas aprobadas se encuentra la del diputado Julio César Moreno Rivera, por el partido Morena, para modificar la fracción III del artículo 128 de la Ley de Amparo y cambiar el término de “interés público” por “disposiciones de orden público”. Asimismo, se eliminó la fracción V de dicho artículo, la cual señalaba “que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”.
También, se aceptó la reserva de los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), para modificar la fracción XVI del artículo 129 de la Ley de Amparo, por lo que ahora se lee de la siguiente manera: “Se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran de permiso, autorización o concesión emitida por autoridad federal competente, cuando no se cuente con la misma”.
De igual forma, se aceptó la reserva del diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), a fin de modificar el artículo Tercero Transitorio, para establecer que:
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
