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MensajearCiudad de México, a 12 de agosto de 2026.- El uso de recursos públicos para desacreditar o agredir a periodistas y ciudadanos podría tener consecuencias políticas y legales más severas, de aprobarse una iniciativa impulsada por el diputado Federico Döring.
El legislador planteó modificar el artículo 38 de la Constitución Política con el objetivo de suspender los derechos políticos de aquellos servidores públicos que empleen infraestructura, recursos económicos o herramientas del Estado para descalificar, estigmatizar o atacar a periodistas, medios de comunicación o ciudadanos por ejercer su libertad de expresión.
De acuerdo con la propuesta, la medida se aplicaría únicamente después de que una autoridad judicial emita una sentencia firme que acredite este tipo de conductas. En ese supuesto, los responsables quedarían impedidos para contender por cargos de elección popular o continuar desempeñándose dentro de la función pública.
Döring señaló que el proyecto pretende establecer un freno al denominado acoso institucional y evitar que desde las estructuras gubernamentales se utilicen recursos públicos o la publicidad oficial con fines de presión, señalamiento o persecución contra quienes ejercen su derecho a expresarse.
La iniciativa busca, de esta manera, reforzar los mecanismos de protección a la libertad de expresión y establecer consecuencias para los funcionarios que hagan un uso indebido del poder público en contra de periodistas, medios o ciudadanos
