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MensajearCuliacán, Sin., a 2 de mayo de 2026.— En un contexto de alta tensión política e institucional, Ana Miriam Ramos Villarreal asumió la presidencia municipal de Culiacán como alcaldesa provisional, tras la licencia solicitada por Juan de Dios Gámez Mendívil, quien es señalado en una investigación impulsada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El relevo fue aprobado por el Cabildo en sesión extraordinaria, marcada por la ausencia del propio Gámez Mendívil, quien no acudió a presentar personalmente su solicitud y optó por enviarla por escrito. La licencia fue avalada por unanimidad y tendrá carácter temporal, mientras se esclarece su situación legal.
Ramos Villarreal, quien hasta antes del nombramiento se desempeñaba como síndica procuradora, quedó al frente del Ayuntamiento con la tarea de garantizar la continuidad administrativa en uno de los momentos más complejos para la vida pública del municipio.
Investigación internacional y presuntos nexos criminales
La salida del ahora alcalde con licencia ocurre en medio de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se le vincula presuntamente con operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales e internacionales, las acusaciones incluyen supuesta protección institucional a actividades ilícitas, así como posibles vínculos con esquemas de financiamiento ilegal y redes de complicidad dentro de corporaciones de seguridad.
El propio Gámez Mendívil ha rechazado públicamente los señalamientos y sostiene que su actuación se ha mantenido dentro del marco legal. No obstante, decidió separarse del cargo para atender el proceso y, según su postura, no interferir en el funcionamiento del gobierno municipal.
Crisis que alcanza a la cúpula política estatal
El caso no se limita al ámbito municipal. La investigación también ha salpicado a otras figuras relevantes de Sinaloa, entre ellas destaca el gobernador Rubén Rocha Moya, quien igualmente ya pidió licencia tras haber sido acusado por EEUU por presuntos nexos con el crimen organizado.
Esta situación ha derivado en una crisis política de mayor escala, con versiones sobre una presunta red de protección institucional que habría operado a favor de grupos delictivos a cambio de sobornos, lo que ha intensificado la presión pública y mediática sobre las autoridades estatales.
México pide pruebas; crece la tensión con EEUU
Frente a las acusaciones, la Fiscalía General de la República ha señalado que, hasta el momento, no cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente contra los funcionarios señalados, por lo que ha solicitado a Estados Unidos ampliar la información y pruebas que sustenten el caso.
Este escenario ha abierto un frente de tensión diplomática, en el que el gobierno mexicano ha insistido en la necesidad de respetar los procesos legales y la soberanía nacional, mientras que las autoridades estadounidenses mantienen sus indagatoria.
Una alcaldía de transición en medio de la incertidumbre
En este contexto, la llegada de Ramos Villarreal no responde a un proceso electoral, sino a un mecanismo institucional para evitar un vacío de poder en el municipio.
Su administración se perfila como una gestión de carácter transitorio, enfocada en mantener la operación del gobierno local mientras se define el rumbo legal y político del caso que involucra a su antecesor.
El episodio ocurre además en un entorno marcado por recientes hechos de violencia en la región y un clima de presión sobre las instituciones, lo que eleva la relevancia del papel que ahora deberá desempeñar la nueva alcaldesa.
