Aprueban minutas de decreto de reformas constitucionales en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril 2026.- Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local, aprobaron tres dictámenes de minutas constitucionales.

Homero Barrera MacDonald, presidente de la comisión en mención aclaró que su bien el dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional ya está vigente, consideró apropiado desahogarlo, a fin de que en esta comisión se pongan sobre la mesa y discutan los temas que trascienden a nivel nacional. 

Explicó que dicho dictamen implicó, como facultad exclusiva del Senado, ratificar a los coroneles y jefes de la Guardia Nacional, dotando así a dicha institución de un valor democrático. 

Detalló que esta reforma también consolidó el modelo marcial de la Guardia Nacional y homologó los nombramientos con procedimientos similares a los aplicables al Ejército y a la Fuerza Aérea. “En síntesis, esta reforma se enfoca en consolidar una estructura y jerarquías militares dentro de la Guardia Nacional en el texto constitucional, creando con ello un contrapeso parlamentario para los rangos superiores”.

El diputado Enrique Correa consideró que la participación del Senado en los nombramientos de las fuerzas armadas es importante y trascendente para garantizar un Estado más democrático y sobre todo rendición de cuentas a las y los mexicanos, respecto del estado que guarda la seguridad en la nación. 

Aclaró que esta reforma tiene un desequilibrio en cuanto a la participación democrática de estados y municipios. “Sí el Senado no tiene herramientas para evaluar, cuestionar o rechazar, entonces no ratifica, solamente legitima las decisiones ya tomadas por el Ejecutivo (…) es normalizar la militarización de los fuerzas civiles (…)”. 

Opinó que dada la situación por la que atraviesa el país en materia de seguridad, es indispensable que el ejército participe, sin embargo destacó que esto “debería ser una condición temporal y no permanente”. Sostuvo la pertinencia de que este dictamen hablara de temporalidad en ese sentido y de que se conserven los contrapesos existentes.

De igual forma, los legisladores aprobaron el Dictamen de la Minuta Proyecto Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Barrera MacDonald explicó que con esta reforma, misma que inició ya su vigencia, el personal de confianza de la administración federal, incluidos organismos descentralizados, empresas públicas y de participación estatal y demás, no podrán exceder del 50 por ciento de la remuneración establecida para la presidenta de la República. 

“Lo que busca esta reforma es eliminar las pensiones millonarias o doradas y eliminar ese tipo de pensiones no es desconocer el valor del servicio público, sino reivindicarlo, eliminando los privilegios de algunos que contrastaban gravemente con las pensiones de la mayoría de las y los trabajadores”.

Correa Sada manifestó que está de acuerdo en que existan límites razonables, sensatos y objetivos a las pensiones a las que puedan acceder los servidores públicos. 

“Es trascendente el fijar límites que permitan que no haya ningún servidor público en la posibilidad de pensionarse o jubilarse con un sobresueldo que dañe al erario público, pero que además afecte a las arcas y a la hacienda federal, estatal o municipal. No queremos que existan servidores públicos que tengan pensiones millonarias y trabajadores con pensiones miserables”. 

Dijo que hay sectores específicos en los que eso sucede, como las personas encargadas de limpieza de las dependencias federales, que hoy reciben una pensión de 6 mil pesos mensuales o maestras y maestros del sector público, que las reciben de 5,500 pesos al mes. Por lo cual reiteró que está a favor de que exista un límite en el monto de las pensiones, pero consideró que también debería ponerse un límite o monto inferior en las mismas, en favor de las y los trabajadores.

Finalmente, con los votos a favor de los diputados Homero Barrera y Eric Silva y el sufragio en contra del diputado Enrique Correa, el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Enrique Correa consideró que este dictamen busca debilitar a los gobiernos estatales y municipales, sobreponiendo la centralización de lo que se genera en el gobierno federal, lo cual no es una mejora para los mexicanos en su calidad de vida. 

Afirmó que se ha buscado durante mucho tiempo que México sea sí una república federal, “donde cada uno de sus integrantes, a través de su autonomía, se coordine con el resto de las instituciones y que esto genere eficacia en los servicios, así como contrapesos”. 

“Esta reforma debilita a todos los poderes respecto de las decisiones que toma el gobierno federal, (…) y cuando se debilita a los municipios y estados, se debilita a México en su base (…), centralizando las decisiones de la nación (…)”.

El diputado Homero Barrera afirmó que estas reformas responden a una exigencia legítima de la ciudadanía. Afirmó que ellos se comprometieron, como cuarta transformación, en una reforma electoral, en eliminar los gastos superfluos y hacer un gobierno más austero, eficiente y cercano a la gente. 

Destacó que pese a lo que se dice, no se trata de una transformación radical del sistema electoral, sino de corregir los excesos, eliminar privilegios y hacer un uso responsable de los recursos públicos.
 

“Durante años la sociedad se ha cuestionado el alto costo de la política y de los políticos, y en esta reforma se atiende a esa preocupación al establecer límites claros, que nadie gane más que el titular del Ejecutivo Federal, que se reduzcan las estructuras innecesarias y que se racionalice el gasto en Congresos y gobiernos locales (…). La propuesta mantiene la estabilidad del sistema electoral, preservando el papel de instituciones como el INE (…)”.