Guardias civiles de Michoacán detenidos por caso Arantepacua, reciben respaldo jurídico institucional en penal de alta seguridad

Guardias civiles de Michoacán detenidos por caso Arantepacua, reciben respaldo jurídico institucional en penal de alta seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:27:49

Morelia, Mich., a 13 de abril de 2026.— En medio del resurgimiento judicial del caso Arantepacua, uno de los episodios más polémicos de violencia estatal en la última década, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública sostuvieron un encuentro directo con los elementos de la Guardia Civil detenidos por su presunta participación en los hechos de 2017, en los que murieron comuneros indígenas durante un operativo policial.

Este fin de semana, personal jurídico de la dependencia acudió al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, donde actualmente se encuentran recluidos cinco agentes: Juan Carlos J., Jorge A., Azahel V., Marco Antonio R. y Bulmaro R. Todos ellos enfrentan imputaciones por homicidio calificado y otros delitos derivados del operativo en la comunidad purépecha de Arantepacua.

Durante la visita, que se prolongó por tres horas, los funcionarios brindaron asistencia legal institucional a los elementos, quienes recientemente comparecieron en audiencia de control.

Los imputados solicitaron formalmente respaldo jurídico por parte del Estado, en coordinación con sus defensores particulares, petición que fue aceptada. En respuesta, la Subsecretaría de Operación Policial alista la asignación de personal especializado en defensa policial.

Las detenciones de los elementos forman parte de una serie de órdenes de aprehensión liberadas en marzo de este año que escalaron hasta las más altas esferas del poder en Michoacán, incluyendo al exgobernador Silvano Aureoles Conejo — actualmente prófugo de la justicia —, señalado por la Fiscalía como presunto responsable en la cadena de mando del operativo.

El caso Arantepacua, ocurrido el 5 de abril de 2017, dejó cuatro civiles muertos —entre ellos un menor— y marcó un punto de quiebre en la relación entre el Estado y comunidades indígenas en la entidad. Durante años permaneció en la impunidad, pero hoy se ha convertido en un expediente judicial de alto impacto que no solo busca sancionar a los ejecutores materiales, sino reconstruir las órdenes que derivaron en el uso letal de la fuerza.

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