Querétaro, Querétaro, a 23 de enero de 2026.- Por unanimidad, los legisladores que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobaron el dictamen para crear la Unidad Especializada en materia de Extorsión que propuso Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal del Estado de Querétaro.
En la sesión legislativa, el diputado de Morena, Homero Barrera MacDonald, destacó la importancia de la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para garantizar la seguridad y la procuración de justicia y reconoció que el delito de extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la tranquilidad de las personas, la actividad económica y la confianza en las instituciones.
“El Congreso dictaminó la reforma que armoniza la normatividad estatal con la Ley General en materia de extorsión, derivada de la modificación al artículo 73, fracción 21 de la Constitución Federal. Esta medida faculta al Congreso de la Unión para establecer bases comunes y mecanismos claros de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno”.
Señaló que la reforma responde al mandato constitucional y se alinea con la estrategia nacional de seguridad 2024–2030, encabezada por la presidenta Claudia Schemmbach. El objetivo central es fortalecer la inteligencia, la investigación y la atención integral de este delito.
“Uno de los puntos más relevantes es la creación de una unidad especializada en materia de extorsión dentro de la Fiscalía General del Estado, que contará con personal capacitado, procesos específicos y herramientas adecuadas para la investigación y persecución de este delito. Además, se busca consolidar la colaboración con autoridades federales, el intercambio de información y la generación de inteligencia útil para desarticular redes criminales”.
El dictamen enfatiza que la seguridad y la procuración de justicia son responsabilidades compartidas.
“Ningún orden de gobierno puede enfrentar por sí solo un fenómeno delictivo de esta naturaleza. Solo mediante la coordinación institucional y el respeto a las competencias es posible ofrecer resultados reales a la ciudadanía”.
Durante la sesión, se reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, por impulsar iniciativas que trascienden colores e ideologías políticas y privilegian la colaboración.
“Con esta reforma, Querétaro no solo cumple con un mandato legal, sino que envía un mensaje claro: se trabaja de manera sistemática con la Federación, se fortalecen las instituciones locales y se coloca en el centro el derecho de las personas a vivir en un entorno de paz, seguridad y legalidad”.
El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión en mención, destacó que en el comparativo de las sanciones, la penalidad que establece la Ley General es más grave y permite estandarizar u homologar la pena en todo el país, de suerte que no existan asimetrías en la imposición de penas por la misma conducta punible.
Recordó que la derogación del artículo 198 del Código Penal para el estado de Querétaro implica un proceso de armonización legislativa que se ha realizado en casos análogos. Como por ejemplo para el delito de secuestro, que fue derogado con anterioridad del Código Penal del Estado, con motivo de una Ley General en la materia.








