Aprobados en encuesta, reprobados en la realidad: la paradoja de los alcaldes de Uruapan, Zamora y Zacapu, municipios gobernados por el caos

Morelia, Mich., a 26 de marzo de 2026. — Los resultados más recientes de una encuesta de aprobación municipal han abierto un debate incómodo: ¿cómo es posible que los alcaldes mejor evaluados de Michoacán gobiernen algunos de los municipios más violentos del estado.

El estudio, elaborado por la empresa Statistical Research Corporation, coloca en los tres primeros lugares a los gobiernos de Uruapan, Zamora y Zacapu, con niveles de aprobación que oscilan entre el 60 y el 65 por ciento. Sin embargo, estos municipios comparten una característica que contrasta fuertemente con los resultados: altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado.

En el caso de Uruapan, la situación es especialmente sensible. El municipio ha sido escenario de hechos violentos de alto impacto en los últimos años, además de registrar el asesinato reciente de un alcalde en funciones, Carlos Manzo, un hecho que evidenció la vulnerabilidad de las instituciones locales frente al crimen. A pesar de ello, su gobierno, dirigido por la viuda de Manzo, encabeza el ranking de aprobación.

Zamora, por su parte, ha sido colocada de manera recurrente como una de las ciudades con mayores índices de homicidio en el país. La violencia en esta región no es episódica, sino constante, marcada por enfrentamientos, ataques armados y una disputa territorial sostenida entre grupos criminales. Aun así, su administración municipal, encabezada por Carlos Soto, aparece entre las mejor evaluadas.

El caso de Zacapu, aunque con menor exposición mediática, no es ajeno a esta dinámica. Ubicado en una zona estratégica para las rutas del narcotráfico y hogar de un operador del CJNG, Jesús “Chuy El Gordo”, el municipio ha sido impactado por bloqueos, incendios de vehículos y operaciones delictivas coordinadas. Pese a este contexto, su gobierno, encabezado por Mónica Valdez, figura también en la cima de la aprobación ciudadana.

Esta aparente contradicción plantea una pregunta de fondo: ¿qué están midiendo realmente las encuestas de aprobación? Especialistas en opinión pública advierten que estos instrumentos capturan percepciones generales del desempeño gubernamental, que no necesariamente están ligadas de forma directa a indicadores de seguridad. Factores como la prestación de servicios, la cercanía del alcalde o la comunicación política pueden influir significativamente en la evaluación ciudadana.

No obstante, en contextos de alta violencia, también entran en juego otros elementos más delicados. El miedo a opinar, la falta de representatividad en zonas conflictivas o incluso la normalización de la violencia pueden distorsionar los resultados. En regiones donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos, la percepción pública no siempre se expresa con libertad plena.

A ello se suma el uso político de este tipo de mediciones. Los rankings de aprobación no solo informan, también construyen narrativa. Posicionar a ciertos actores como “los mejores evaluados” puede tener efectos directos en su proyección política, independientemente de las condiciones reales de sus municipios.

La paradoja es clara: mientras los indicadores de violencia continúan reflejando escenarios críticos en Uruapan, Zamora y Zacapu, las encuestas dibujan un panorama de alta aprobación. Entre ambos extremos, se abre una brecha que invita a cuestionar no solo los resultados, sino también los métodos y los intereses detrás de su difusión.

En un estado marcado por la complejidad de la seguridad pública, entender esta desconexión no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad para interpretar con mayor precisión la realidad política y social de sus municipios.