Querétaro, México, 9 de julio de 2026.- Las fallas eléctricas y los apagones que duran varios días vulneran los derechos humanos de las y los queretanos, reconoció Rogelio Estrada García, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concam), quien no descartó la posibilidad de que se registren amparos colectivos.
Por ello, llamó a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a atender los constantes cortes de energía eléctrica que azotan a Querétaro.
Reconoció que aunque la electricidad en sí misma no está catalogada textualmente como un derecho humano, es un recurso vital indispensable para garantizar otros que sí lo son, como la salud, la educación y el trabajo.
"Ya déjate que se nos vaya la energía en juzgados, como sea se puede reponer la audiencia. Pero en un hospital, en lo que entra el generador, o en casa con alguien conectado a un respirador, se pone en riesgo la vida.
En el plano judicial, Estrada García señaló que los apagones entorpecen la agilidad de los procesos de justicia oral debido a las interrupciones en los sistemas de grabación, provocando el retraso en cadena de las agendas de los juzgados e incluso la suspensión y posposición de audiencias.
Ante esta situación, el especialista confirmó que la ciudadanía tiene la vía legal abierta para defenderse a través de juicios de amparo los cuales siempre son procedentes y más cuando se demuestra la violación a derechos conexos como la salud y el presidente de la CONCAM reveló que la organización jurídica podría respaldar y elaborar una demanda de amparo colectivo firmada por ciudadanos afectados.
Cuestionado sobre las modificaciones que se preparan en el Congreso local respecto a la Ley de Identidad de Género, Estrada García se mostró a favor de que este trámite se fije formalmente a partir de la mayoría de edad.
Subrayó que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho superado y reconocido, pero enfatizó que se debe proteger con especial rigurosidad a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con tratados internacionales.
"Sería incongruente decir que un menor no tiene la madurez legal para votar, pero sí para cambiar su identidad. A partir de los 18 años está excelente".
Señaló que a partir protección de la identidad de los infantes es tan estricta que incluso los padres incurren en faltas cuando exponen los rostros y datos de sus hijos en redes sociales.
"Tiene que ser revisado desde el punto de vista psicológico, legal, social y de protección de la infancia. Debe haber una ponderación de derechos sobre si el Estado va a proteger a los menores o los va a castigar".









