Advierte Poder Judicial de Querétaro que la ley debe tener dientes para acabar con los deudores alimentarios

San Juan del Río, Querétaro, a 10 de septiembre de 2026.- En un esfuerzo coordinado por garantizar el bienestar de la niñez y asegurar que la legislación local no se quede en un mero "enunciado semántico", el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, presentó una actualización alarmante sobre el padrón de deudores alimentarios en la entidad, al tiempo que respaldó las nuevas medidas administrativas y penales para combatir esta problemática.

Con corte a los primeros cinco días de septiembre, detalló, cuentan con un registro oficial de 274 deudores alimentarios en el estado. La gravedad de la situación radica en la baja tasa de cumplimiento posterior al registro: únicamente 18 personas han revertido su situación mediante el pago de sus obligaciones.

"Evidentemente la cifra sigue creciendo y son los menos los que sí pagan. Por el momento no se cuenta con una estadística específica sobre cuántos de estos casos corresponden a deudores reincidentes”.

Ante este panorama, el magistrado presidente externó su felicitación a la Policía Estatal (Poes) y a las autoridades de seguridad por la implementación de medidas restrictivas. Asimismo, respaldó firmemente las iniciativas presentadas por el gobernador del estado y el senador Agustín Dorantes, las cuales buscan bloquear el acceso a trámites administrativos clave y derechos civiles —como la obtención de la licencia de conducir— a quienes incumplan con sus pensiones alimenticias.

"La licencia de conducir ya estaba contemplada en la ley, pero no se había implementado. La ley no sirve si solamente dice cosas, pero no hay consecuencias si la incumplen. Estas iniciativas son un mecanismo importante para que la gente que le debe a sus hijos empiece a pagar; es decir, que la ley tenga dientes".

Recordó a la ciudadanía que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no es solo un conflicto de carácter civil, sino que constituye un delito grave en el estado. Quienes incurran en esta falta pueden enfrentar penas de 1 a 5 años de prisión.

Aclaró que el Poder Judicial no puede actuar de oficio en estos casos. Para que se inicie un proceso en los juzgados penales, es indispensable que las personas afectadas o sus representantes legales interpongan la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, instancia a la que le compete determinar el número exacto de carpetas de investigación vigentes por este delito.