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MensajearCiudad de México, a 2 de febrero de 2026.- Desde una celda del Estado de México, una llamada telefónica volvió a encender un caso que muchos daban por cerrado. Alma Abigail Salazar Castillo, la mujer que en 2024 fue sentenciada a 40 años de prisión por extorsión tras cobrar mil pesos de una tanda, decidió hablar.
Su testimonio, difundido recientemente desde la cárcel, ha reabierto un debate incómodo sobre si se castigó un delito o se trituró a una ciudadana común con el peso extremo del sistema penal.
En su relato, Alma asegura que nunca supo que estaba cometiendo un delito, mucho menos uno equiparable —en penas— a secuestro o delincuencia organizada.
“Yo solo fui a cobrar lo que me debían”, afirma. Según su versión, acudió al domicilio de una vecina para recuperar el dinero de una tanda, una práctica de ahorro informal profundamente arraigada en comunidades populares. Lo que ocurrió después, dice, fue una pesadilla.
De acuerdo con su testimonio, policías vestidos de civil la esperaban. No hubo citatorio, no hubo explicación clara. Fue subida a un vehículo, golpeada y trasladada sin que se le informara formalmente el motivo de su detención. Alma sostiene que pensó que se trataba de un secuestro. Días después, ya en el penal, supo que estaba acusada de extorsión.
El caso se sostuvo —según la defensa— principalmente en el dicho de la denunciante. No se acreditaron amenazas explícitas, ni la participación de un grupo criminal, ni el uso de armas. Aun así, un juez consideró configurado el delito de extorsión con agravantes y dictó una sentencia demoledora: 40 años de prisión. La pena fue posteriormente reducida a 10 años, pero el daño ya estaba hecho.
Desde prisión, Alma también denuncia contradicciones en el testimonio de la supuesta víctima, fallas en la investigación y una valoración judicial que, según su defensa, ignoró el contexto social del caso.
La entrevista desde la cárcel no solo expone su versión de los hechos; humaniza una sentencia que muchos consideran desproporcionada. Alma habla de sus hijos, de la vida detenida, del miedo constante y de la incomprensión absoluta frente a una condena que, incluso tras ser reducida, la mantiene tras las rejas por años.
El caso ha vuelto a la agenda pública porque no está cerrado. La defensa promovió un amparo directo que busca revisar de fondo cómo se valoraron las pruebas, la legalidad de la detención y la proporcionalidad de la pena.
Organizaciones civiles y juristas advierten que este proceso podría sentar un precedente peligroso: convertir conflictos civiles o comunitarios en delitos penales de alto impacto.
