*En un municipio marcado por el asesinato de su alcalde y la violencia política, grupos señalados por presuntas amenazas e intimidación mantienen encendida una disputa por huertas aguacateras. Un documento de la Fiscalía General de la República revela que la autoridad revocó la entrega de los predios a una empresa, mientras crecen las acusaciones sobre posibles intereses políticos que estarían utilizando las movilizaciones sociales para defender negocios particulares.
Tacámbaro, Mich., a 18 de noviembre de 2026.— En una región donde la violencia política ya cobró la vida de un presidente municipal, el conflicto por las huertas de aguacate amenaza con convertirse en otro ejemplo de cómo las disputas económicas, las presiones sociales y los intereses políticos pueden poner contra las cuerdas a las instituciones.
Ni la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), ni la presencia de corporaciones de seguridad han conseguido poner fin a las confrontaciones por predios aguacateros, donde propietarios y trabajadores denuncian amenazas, intimidaciones y la presunta presencia de personas armadas que les impiden tomar posesión efectiva de las huertas para su cosecha.
La situación ha encendido las alarmas ante señalamientos de que determinados grupos con intereses político - criminales estarían aprovechando las movilizaciones comunitarias para defender intereses particulares, intentando presentar una disputa por el control de tierras productivas como una causa social.
La denuncia es grave: bajo el discurso de la defensa de la tierra podrían estar operando intereses económicos y políticos que buscan impedir el cumplimiento de las determinaciones de las autoridades.
La FGR revoca entrega de huertas y la confrontación continúa
Un acuerdo ministerial fechado el 10 de noviembre de 2026, al que se tuvo acceso para esta investigación, revela que la FGR determinó dejar sin efectos la devolución en depositaría de varios predios aguacateros ubicados en la zona de Yoricostio, en Tacámbaro.
La resolución afecta terrenos identificados como El Cajete, La Cofradía y Cerrito la Ciénega, cuya posesión y explotación forman parte de una controversia entre particulares.
La autoridad federal consideró necesario revocar la entrega anterior a una empresa y mantener los inmuebles asegurados, debido a que persistían dudas sobre su legítima propiedad.
El documento establece que la representación jurídica de la empresa beneficiada con la devolución anterior debía abstenerse de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados.
La resolución resulta especialmente relevante porque demuestra que la controversia ya había llegado a una instancia federal y que existían razones para revisar la entrega de los terrenos.
De la protesta social a las denuncias de intimidación
El conflicto escaló durante noviembre, cuando trabajadores intentaron ingresar a huertas de la región para realizar actividades de cosecha.
De acuerdo con los testimonio, grupos de personas se concentraron en los accesos e impidieron las labores, en medio de denuncias sobre amenazas y la supuesta presencia de hombres armados.
Los afectados sostienen que estas acciones no representan una movilización espontánea, sino una estrategia para impedir que puedan ejercer los derechos que reclaman sobre los terrenos.
Si se confirma que existen personas organizando confrontaciones para proteger intereses económicos mediante la intimidación, las autoridades deberán investigar no solamente a quienes participan directamente, sino también a quienes pudieran estar financiando, promoviendo o respaldando esas acciones.
Los nombres que aparecen en las denuncias
En los señalamientos difundidos sobre el conflicto figuran Ramiro García Sandoval y su hijo Ramiro García Suárez, a quienes los denunciantes identifican como trabajadores del Ayuntamiento de Tacámbaro.
También se menciona a Jesús Manuel Doddoli Fragoso como presunto participante en los acontecimientos relacionados con los impedimentos de acceso a los predios.
Los testimonios señalan además a Ramón Raudel Campos Murillo como supuesto respaldo político de algunos de los involucrados.
De acuerdo con la versión de los denunciantes, determinadas personas habrían sido citadas en diversas ocasiones por las autoridades sin presentarse a comparecer.
La posible participación de personas relacionadas con la administración municipal plantea una cuestión de interés público: establecer si algún funcionario o actor político ha utilizado indebidamente su posición para intervenir en una disputa entre particulares.
Tacámbaro, bajo la sombra de la violencia política
El escenario adquiere mayor gravedad por los antecedentes del municipio.
El 5 de junio de 2025, el presidente municipal Salvador Bastida García y su escolta fueron asesinados, en uno de los episodios más graves de violencia política registrados recientemente en Tacámbaro.
El crimen evidenció los riesgos que enfrentan las instituciones locales en una región donde la seguridad pública continúa siendo una preocupación.
En ese contexto, las denuncias sobre presuntos respaldos políticos, intimidación y presencia de personas armadas en conflictos territoriales no pueden tratarse como simples diferencias entre particulares.
Cuando la violencia ya alcanzó a la máxima autoridad municipal, cualquier señalamiento sobre posibles redes de protección política merece una investigación seria y sin privilegios.
El negocio del aguacate no puede estar por encima de la ley
Detrás de las confrontaciones existe un interés económico evidente: el aprovechamiento de huertas productivas y el control de sus cosechas.
En una región donde el aguacate representa una actividad de enorme importancia económica, el acceso a los terrenos puede traducirse en recursos considerables.
Por ello, la disputa exige esclarecer no solamente quién tiene derechos legales sobre los predios, sino también quién está explotándolos, bajo qué autorización y qué destino han tenido las cosechas cuestionadas.
Las víctimas no pueden seguir pagando el precio
Mientras las acusaciones se multiplican, quienes denuncian haber sido amenazados siguen reclamando garantías para trabajar y acceder a los terrenos.
Al mismo tiempo, los habitantes que aseguran haber sufrido extracción irregular de cosechas exigen que sus denuncias sean atendidas.
La protección de las víctimas no puede depender de su influencia política, de su capacidad económica ni del número de personas que logren movilizar.
Tampoco puede permitirse que una protesta legítima sea utilizada como cobertura de conductas violentas, si la investigación llega a demostrarlo.
El Estado tiene la obligación de identificar a quienes cometan delitos, garantizar el cumplimiento de las resoluciones vigentes y evitar nuevas confrontaciones.
Tacámbaro necesita justicia, no poderes que se impongan por la fuerza
El conflicto aguacatero ha dejado al descubierto una situación preocupante: pese a la intervención de autoridades federales y estatales, las confrontaciones continúan y las denuncias sobre intimidación siguen sin una respuesta pública definitiva.
El acuerdo ministerial del 10 de noviembre aporta un elemento clave: la FGR revocó una devolución anterior de los predios y consideró necesario mantener su aseguramiento mientras se esclarecía la propiedad.
También debe investigarse cualquier indicio verificable de protección política o participación de funcionarios públicos.
En Tacámbaro, donde la violencia ya arrebató la vida de un alcalde, sería especialmente grave que los conflictos por el control de la tierra terminaran resolviéndose mediante intimidación y presiones al margen de la ley.
Las víctimas necesitan protección. Los propietarios y poseedores legítimos necesitan certeza jurídica. Los trabajadores necesitan seguridad.
Y las autoridades tienen que demostrar que ninguna influencia política, interés económico o grupo violento puede sustituir el cumplimiento de la ley.
En Tacámbaro, el verdadero escándalo no es solamente la disputa por las huertas de aguacate, es un conflicto que amenaza con escalar todavía más alimentado por intereses políticos, criminales y económicos.









