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MensajearCiudad de México, a 1 de septiembre de 2025.- El nacimiento del nuevo Poder Judicial en México se encuentra marcado por un profundo cuestionamiento de legitimidad. Lo que debía presentarse como un ejercicio democrático inédito —la elección popular de ministros, jueces y magistrados— terminó envuelto en escándalos que combinan el uso masivo de acordeones en las urnas, acusaciones de nepotismo, plagios académicos y la creciente sombra de la influencia presidencial en la Suprema Corte, la cual se renovó con la participación de solo una décima parte del electorado.
Acordeones: la herida de origen
De acuerdo con reportes oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), al menos 1,322 casillas fueron invalidadas en la elección del Tribunal de Disciplina debido a que el 90 % de los votos coincidieron con los listados impresos de los llamados “acordeones”, pequeñas guías de bolsillo que indicaban por quién votar.
La distribución se documentó en 26 estados, con más de 3,000 ejemplares detectados y evidencia gráfica —fotografías, audios y videos— que mostró la magnitud del fenómeno.
La práctica desató más de 180 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Magistrados como Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora denunciaron que los acordeones constituyeron una “propaganda indebida sistemática” y llegaron incluso a proponer la anulación de la elección judicial.
El INE, sin embargo, optó por una sanción mínima: multas de entre 22 mil y 146 mil pesos contra 177 candidatos ganadores cuyos nombres aparecieron en los acordeones.
Lenia Batres: la ministra de AMLO
En paralelo, la presencia de Lenia Batres en la nueva Corte ha sido interpretada como el símbolo de la consolidación del poder presidencial en el máximo tribunal.
Propuesta directamente por Andrés Manuel López Obrador y nombrada ministra en 2023 tras el fracaso de su terna en el Senado, Batres es hermana de Martí Batres —jefe de Gobierno de la Ciudad de México— y de Valentina Batres, diputada de Morena. Su trayectoria política está ligada al obradorismo desde sus inicios: fue asesora del propio presidente, de Claudia Sheinbaum y parte de la fundación del partido Morena.
El mandatario la ha descrito como “incorruptible” y “la ministra del pueblo”.
Ella, a su vez, ha defendido abiertamente las reformas impulsadas por el oficialismo: la elección popular de jueces, la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial y la reducción de salarios en apego a la austeridad republicana. Su alineamiento con Morena la coloca como una de las figuras clave en la reconfiguración del tribunal tras la reforma de 2025.
Yasmín Esquivel: la sombra del plagio y los compromisos con Obrador
La otra figura que concentra críticas es Yasmín Esquivel, cuya legitimidad académica ha sido cuestionada desde 2022, cuando se documentó que su tesis de licenciatura coincidía en un 90 % con otra presentada un año antes. La UNAM determinó la existencia de una “copia sustancial”, aunque admitió carecer de mecanismos para anular el título y turnó el caso a la SEP.
Más tarde surgieron señalamientos de plagio en su tesis doctoral, donde aparecían párrafos enteros tomados de otros autores sin comillas ni referencias.
Aunque un tribunal federal ordenó a la UNAM suspender cualquier investigación adicional y archivar el caso, la polémica no ha cesado. Este año, una jueza incluso condenó a Esquivel a pagar 15 millones de pesos por daño moral a su exasesora, Martha Rodríguez, implicada en el escándalo.
Lejos de reconocer responsabilidades, Esquivel sostiene que tiene “autoridad moral” para seguir en la Corte y acusa al exrector Enrique Graue de haber orquestado una “campaña política” en su contra. Su permanencia, no obstante, es señalada por académicos y juristas como una de las principales grietas de legitimidad en el nuevo Poder Judicial.
Esquivel es además esposa de José Maria Riobóo, amigo personal y uno de los contratistas favoritos de Andrés Manuel López Obrador.
Un Poder Judicial entre la crítica y la incertidumbre
Los acordeones, las impugnaciones masivas, las multas mínimas, el nepotismo familiar y los plagios académicos forman una combinación explosiva que hoy pone en entredicho la credibilidad del nuevo sistema judicial mexicano.
Mientras la oposición denuncia una “Corte capturada por el obradorismo” y colectivos ciudadanos hablan de un retroceso democrático, el oficialismo defiende el proceso como un ejercicio histórico de participación popular y un avance en la lucha contra la corrupción, aunque solo una décima parte del electorado acudió a emitir su sufragio.
La pregunta que queda en el aire es si un tribunal con origen cuestionado y miembros manchados por escándalos personales y compromisos políticos podrá garantizar la independencia y la imparcialidad que exige el Estado de Derecho.
