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MensajearCiudad de México, a 17 de febrero de 2026.— Las acusaciones que hoy sacuden al círculo cercano del poder federal no provienen de la oposición ni de un actor externo, sino de uno de los hombres que estuvo en el corazón jurídico del gobierno anterior. Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señaló directamente al actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, de haber tenido un papel clave en el acercamiento con Sergio Carmona, empresario identificado por autoridades y medios como el llamado “rey del huachicol fiscal”.
En el libro “Ni venganza ni perdón: una amistad al filo del poder”, Scherer sostiene que Ramírez Cuevas —entonces vocero presidencial y hoy uno de los funcionarios más influyentes de Palacio Nacional— habría facilitado canales de comunicación entre Carmona y figuras relevantes del movimiento gobernante, en un contexto de presunto financiamiento político irregular. Carmona fue asesinado en 2021 y, tras su muerte, investigaciones periodísticas lo vincularon con redes de contrabando de combustibles, facturación falsa y aportaciones clandestinas a campañas electorales.
El señalamiento adquiere una dimensión particular no solo por la figura de Carmona, sino por quién acusa y a quién se acusa. Scherer no fue un funcionario menor: como consejero jurídico, participó en decisiones estratégicas, tuvo acceso a información sensible y formó parte del núcleo de confianza del expresidente. Ramírez Cuevas, por su parte, no solo es un funcionario heredado del sexenio anterior, sino un operador central en la construcción del discurso político del movimiento desde hace más de una década.
Ramírez Cuevas negó categóricamente las acusaciones, las calificó como falsas y aseguró que nunca tuvo relación con actividades ilícitas ni con financiamiento ilegal. Sostuvo que los señalamientos carecen de pruebas y retó a que cualquier acusación sea presentada ante las autoridades competentes.
La presidenta Sheinbaum cerró la puerta, por ahora, a una investigación derivada del contenido del libro. Afirmó que su gobierno no actuará con base en dichos sin denuncias formales y, al ser cuestionada sobre el tema, respondió con una frase que marcó la discusión pública: “¿Por qué no se investiga a García Luna?”, en referencia a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
La comparación fue leída por críticos como una forma de desviar la atención de acusaciones internas hacia un caso emblemático de gobiernos anteriores, mientras que desde el oficialismo se defendió como una reafirmación de que solo los hechos probados y judicializados deben ocupar la agenda institucional.
Más allá de su desenlace legal, el episodio representa una grieta política significativa: por primera vez, un exintegrante del primer círculo del poder acusa públicamente a un funcionario clave del gobierno actual de vínculos con una figura asociada al financiamiento ilegal y al crimen fiscal.
El caso tensiona la narrativa de combate a la corrupción, pone bajo escrutinio a uno de los operadores más cercanos a la Presidencia y coloca a Sheinbaum ante el dilema de sostener la unidad interna o elevar el costo político de no investigar.
