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MensajearMorelia, Mich., a 17 de febrero de 2026. — El nombre de Gabriela Salcedo Manzo, jueza de distrito en materia penal, se ha convertido en el centro de una fuerte controversia pública luego de que trabajadores judiciales, sindicatos y diversos medios la señalaran por presuntas irregularidades graves en el ejercicio de su función.
Entre las acusaciones más delicadas se encuentra que la jueza recibía instrucciones durante audiencias para determinar cuándo otorgar o retirar el uso de la voz a las partes, así como para cerrar intervenciones, lo que ha encendido alertas sobre una posible afectación al debido proceso.
Falta de dominio técnico
De acuerdo con testimonios difundidos en medios y redes sociales, la jueza habría mostrado desconocimiento de aspectos básicos del sistema penal acusatorio, incluyendo etapas procesales y reglas elementales de conducción de audiencias, funciones que corresponden exclusivamente a la autoridad judicial.
Estas versiones apuntan a que la juzgadora dependía de terceros para decisiones que deberían ser automáticas para alguien en su posición, lo que ha generado preocupación entre abogados litigantes y personal del Poder Judicial.
“La jueza del tarot”
El caso adquirió mayor notoriedad cuando diversas publicaciones comenzaron a referirse a ella como “la jueza del tarot”. El sobrenombre surge a partir de denuncias que señalan que en el juzgado se habrían permitido prácticas esotéricas, incluyendo la presencia de una tarotista y la obligación a las empleadas de someterse a sus prácticas.
Medios y columnistas retomaron este elemento como una forma de sintetizar el escándalo, convirtiéndolo en un emblema de las críticas contra su desempeño.
En las últimas semanas, se han registrado manifestaciones y protestas de trabajadores del Poder Judicial, quienes exigen investigaciones, cambios de adscripción y garantías de que los procesos judiciales se conduzcan con apego estricto a la ley.
Los inconformes sostienen que el problema no es una creencia personal, sino la posibilidad de que sentencias penales se emitan sin el conocimiento técnico necesario, afectando directamente derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso.
De acreditarse las irregularidades denunciadas, podrían abrirse la puerta a la nulidad de actuaciones; procedimientos administrativos o disciplinarios; y la pérdida de confianza institucional en el órgano jurisdiccional
La preocupación central es clara: una jueza de distrito tiene en sus manos la libertad, el patrimonio y el futuro de las personas, por lo que cualquier duda sobre su capacidad técnica genera un impacto que va más allá del escándalo mediático.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido una resolución definitiva sobre las denuncias. Sin embargo, el caso continúa bajo escrutinio público, mientras crece el debate sobre los controles, la formación y la supervisión de quienes ejercen la función judicial.
Lo que para algunos comenzó como un apodo llamativo, hoy se ha transformado en una discusión seria sobre la confianza en la impartición de justicia.
