Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, a 7 de abril de 2026.— La tormenta política ya no es rumor: se está convirtiendo en un huracán que amenaza con arrasar el poder en Baja California. En el centro del vendaval está la gobernadora Marina del Pilar Ávila, cuyo nombre comienza a aparecer cada vez con más fuerza en un entramado que huele a dinero sucio, protección criminal y maniobras desesperadas.
De acuerdo con el columnista Vicente Riva Palacio, todo explotó cuando se reveló que su exesposo, Carlos Torres Torres, habría recibido —según investigaciones en Estados Unidos— hasta 500 mil dólares mensuales provenientes de cárteles de la droga. Sí, medio millón de dólares al mes. Una cifra que no solo escandaliza, sino que plantea una pregunta brutal: ¿quién no se daría cuenta de ese flujo de dinero?
El divorcio entre ambos, anunciado como una decisión personal, hoy se interpreta en los círculos políticos como lo que muchos sospechaban desde el inicio: un intento de cortar el incendio antes de que alcanzara a la gobernadora. Pero el fuego no se apagó… y ahora amenaza con envolverlo todo.
Las alarmas no son menores. De acuerdo con Riva Palacio, la administración de Donald Trump ya había cancelado las visas de ambos, una medida que no se toma a la ligera y que suele estar asociada a investigaciones delicadas: fraude, actividades criminales o riesgos de seguridad. Aunque en su momento se intentó minimizar el hecho como un “trámite administrativo”, hoy ese argumento se desmorona.
Detrás de la cortina, fuentes apuntan a que el dinero habría servido para permitir la operación de grupos criminales en el estado, incluyendo células ligadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, dos de las organizaciones más poderosas y violentas del país. La sombra del narco no solo ronda… parece haberse sentado en la mesa del poder.
El caso no se queda en lo personal. Investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia han comenzado a dibujar un mapa más amplio: políticos, empresarios y operadores presuntamente conectados a redes de lavado de dinero, extorsión y tráfico de armas. Un sistema completo que, de confirmarse, convertiría a Baja California en un laboratorio de infiltración criminal en las instituciones.
Mientras tanto, en el centro del país, el silencio empieza a romperse. De acuerdo con el columnista, la presidenta Claudia Sheinbaum ya habría enviado mensajes indirectos para que la gobernadora enfrente la crisis, incluso sugiriendo la posibilidad de solicitar licencia. Ya no es solo un escándalo local: es un problema de Estado.
El antecedente tampoco ayuda. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las denuncias sobre el crecimiento de la violencia y los presuntos pactos criminales fueron ignoradas o minimizadas. Hoy, esas advertencias regresan con más fuerza… y con nombres, cifras y expedientes.
La gran pregunta que se cierne sobre todo el caso es tan incómoda como inevitable: ¿Fue la gobernadora una víctima colateral… o una pieza dentro del engranaje?
Por ahora, no hay una investigación formal en su contra en México. Pero del otro lado de la frontera, el expediente sigue abierto, avanzando en silencio, acumulando datos… y acercándose peligrosamente.
