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MensajearCiudad de México, a 7 de abril de 2026.— La tensión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estalló en polémica nacional luego de que la ministra Estela Ríos pronunciara una frase que, en cuestión de horas, incendió el debate público y jurídico en el país, al señalar que los mexicanos no tienen derecho a la propiedad.
“Entonces perdón, pero defender como si fuera universal el derecho… derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad, y no es absoluto ese derecho de la propiedad”, trastabilló durante la discusión de un tema que ya de por sí generaba inquietud: la posibilidad de congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa.
La intervención no pasó desapercibida. Para críticos y analistas, el enredo conceptual no solo evidenció una argumentación débil, sino que sirvió como antesala para justificar una de las decisiones más controvertidas de la Corte en los últimos años: otorgar respaldo a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear recursos financieros con base en indicios, sin necesidad de la autorización de un juez.
La resolución ha sido interpretada por sectores opositores como un punto de quiebre en la protección de derechos fundamentales. El hecho de que una persona pueda quedar sin acceso a su dinero de manera inmediata, mientras la revisión judicial ocurre después, ha encendido alarmas entre juristas que advierten sobre un cambio profundo en el equilibrio entre el poder del Estado y las garantías individuales.
El contexto político no ha hecho más que intensificar la controversia. La cercanía atribuida a la ministra con el proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido retomada por sus detractores como elemento central para cuestionar la imparcialidad del fallo. En ese sentido, la frase pronunciada en plena sesión ha sido leída no como un lapsus, sino como reflejo de una postura que, según sus críticos, relativiza el alcance del derecho de propiedad.
Si bien ningún derecho es absolutamente ilimitado, la forma en que se expresó el argumento resulta problemática. No solo por su ambigüedad, sino por el momento en que se emitió: justo antes de validar una medida que permite al Estado intervenir directamente en el patrimonio de los ciudadanos sin control judicial previo.
Así, lo que comenzó como una discusión técnica terminó convertido en un símbolo del nuevo escenario jurídico del país. La frase de la ministra, confusa para unos y reveladora para otros, ha quedado marcada como el eje de una controversia que va más allá de un simple debate semántico.
Porque en el fondo, lo que está en juego no es únicamente la interpretación de un concepto jurídico, sino una pregunta mucho más inquietante: hasta dónde puede llegar el Estado cuando decide que, aunque tengas propiedad, el derecho sobre ella no es absoluto.
