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MensajearCiudad de México, a 19 de febrero de 2026. — Desde el 1° de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia, el mapa del narcotráfico marítimo en México comenzó a moverse. En poco más de 16 meses, las fuerzas federales han asegurado aproximadamente 48 a 50 toneladas de cocaína, una cifra que coloca a este arranque de sexenio entre los periodos más intensos en decomisos marítimos de los últimos años.
La estrategia no ha sido improvisada. Bajo la conducción política de Sheinbaum y la operación en campo encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el Estado mexicano ha apostado por cerrar el paso en el mar antes de que la droga toque tierra. El mensaje es claro: el Pacífico ya no es autopista libre para los cargamentos ilícitos.
Gran parte del volumen asegurado —más del 90% según estimaciones derivadas de reportes oficiales y coberturas periodísticas— proviene de operativos marítimos encabezados por la Secretaría de Marina. En febrero de 2025, la Marina ya reportaba 26.5 toneladas incautadas en altamar desde el inicio del gobierno. Meses después, la cifra siguió creciendo con interceptaciones frente a las costas de Guerrero, Chiapas y Baja California Sur, donde embarcaciones rápidas y semisumergibles fueron detectados y neutralizados.
El golpe más reciente ilustra la magnitud del despliegue. En la tercera semana de febrero de 2026, autoridades federales informaron el aseguramiento de cerca de 10 toneladas en solo unos días, incluyendo un semisumergible cargado con aproximadamente cuatro toneladas interceptado a cientos de millas de la costa. No se trató de un operativo aislado, sino de una secuencia de acciones coordinadas que reflejan inteligencia, vigilancia aérea, patrullaje oceánico y cooperación internacional.
Las cifras hablan por sí solas: si el acumulado ronda las 50 toneladas desde octubre de 2024, y alrededor de 45 de ellas fueron interceptadas en el mar, el enfoque marítimo se consolida como el eje de la política antidrogas en este arranque de administración. Cada tonelada decomisada representa millones de dosis que no llegarán a su destino y pérdidas multimillonarias para las organizaciones criminales.
En Palacio Nacional, Sheinbaum ha defendido que la seguridad no se combate con discursos, sino con resultados medibles. Harfuch, por su parte, ha articulado un modelo que combina coordinación federal, inteligencia estratégica y presión sostenida en rutas clave. La ecuación política-operativa parece haber encontrado sincronía: dirección desde la Presidencia y ejecución técnica desde el gabinete de seguridad.
Más allá de las cifras, el mensaje político es contundente. El gobierno federal busca demostrar que puede disputar el control de las rutas marítimas, tradicionalmente dominadas por estructuras criminales transnacionales. La apuesta es preventiva: interceptar en el océano, golpear la logística, encarecer el tráfico y reducir el flujo antes de que alcance puertos y fronteras.
A 16 meses del inicio del gobierno, el saldo en cocaína asegurada coloca al sexenio de Claudia Sheinbaum bajo un reflector inevitable. El Pacífico se ha convertido en el escenario principal de una ofensiva que combina músculo naval, inteligencia y narrativa política. Y, al menos en números, los resultados comienzan a perfilar una marca propia en materia de seguridad marítima.
