Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Michoacán, 5 de septiembre de 2024.- El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem), junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. y la plataforma ciudadana Red Lupa, presentaron una evaluación sobre la implementación de la Ley General en materia de desaparición.
El informe evidenció la ausencia de una legislación local en Michoacán, a pesar de la magnitud del problema.
De acuerdo con los datos recabados, con corte al 16 de mayo de 2025 se contabilizan 625 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en la entidad, además de que la mayoría de los casos se concentran en jóvenes de entre 20 y 39 años.
En cuanto a los municipios, Morelia encabeza la lista con 784 casos en 2025, seguido por Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, siendo estos dos últimos, ejemplos de cómo la violencia vinculada al crimen organizado, el saqueo ambiental y la trata de personas se entrelazan con la crisis de desapariciones.
Las organizaciones denunciaron que Michoacán no cuenta con una ley estatal en materia de desaparición, ni con un centro de identificación humana, ni con legislación sobre la declaración especial de ausencia, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó legislar al respecto.
Dicha omisión limita gravemente el acceso a la verdad, la justicia y la atención a las familias buscadoras.
En su diagnóstico, Red Lupa y Cofaddem exigieron la aprobación inmediata de un marco legal que garantice derechos, fortalezca la búsqueda e identificación forense y otorgue protección integral a las familias (en su mayoría mujeres) que enfrentan riesgos y amenazas en la búsqueda de sus seres queridos. Las recomendaciones ya fueron entregadas al Gobierno del Estado, sin que hasta ahora exista una respuesta oficial.
“Necesitamos un marco legal que garantice derechos y responsabilidades. No podemos seguir sustituyendo a las autoridades en la búsqueda”, reclamaron las familias durante la presentación del informe, subrayando que la memoria y el testimonio de las víctimas deben ser protegidos frente a la omisión y la violencia institucional.
