Morelia, Mich., a 14 de diciembre de 2025.- En una acción contundente para frenar la desestabilización del sistema penitenciario en Michoacán, el Gobierno Federal sacó del estado a 25 reos considerados altamente peligrosos, señalados por ejercer liderazgo criminal, promover desórdenes internos y mantener vínculos delictivos activos desde prisión.
El operativo fue confirmado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que la medida forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia diseñada para cerrar el paso al crimen organizado incluso dentro de los centros penitenciarios.
“Se llevó a cabo un operativo de traslado de 25 personas privadas de la libertad de Ceresos de Michoacán hacia centros penitenciarios federales”, declaró el funcionario durante la conferencia del gabinete de Seguridad.
Reos con poder, dinero y control interno
De acuerdo con García Harfuch, los internos trasladados representaban una amenaza real para la gobernabilidad de los penales estatales, al contar con capacidad económica para corromper personal, incitar a motines y reagrupar estructuras criminales desde el interior.
“Estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes y vínculos delictivos activos”, subrayó.
La permanencia de estos perfiles en cárceles locales —advirtió— abría la puerta a motines, presiones colectivas y un incremento de la violencia interna, poniendo en riesgo no solo a custodios e internos, sino a la seguridad pública del estado.
Operativo federal y dispersión estratégica
El traslado se ejecutó bajo un fuerte despliegue de la Guardia Nacional, con apoyo de personal del Sistema Penitenciario, la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en un operativo coordinado para evitar filtraciones o incidentes.
Los 25 reos fueron dispersados estratégicamente en cuatro penales federales ubicados en Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz, con el objetivo de romper redes de control y limitar su capacidad de influencia.
Sin extradición, pero fuera del estado
Al término de la conferencia, García Harfuch aclaró que ninguno de los internos es objetivo prioritario del gobierno de Estados Unidos ni cuenta con orden de extradición, sin embargo, precisó que su traslado responde a una lógica de contención y control.
“En un centro penitenciario federal se evitan este tipo de conductas”, puntualizó.
La medida envía un mensaje claro: el control penitenciario en Michoacán deja de estar en manos de internos con poder criminal, en una ofensiva que busca cerrar espacios al delito incluso detrás de los muros.








