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MensajearHermosillo, Son., a 9 de septiembre de 2025.- El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, exjefe de la aduana de Manzanillo, murió este martes en un presunto accidente durante un ejercicio de tiro en el estado de Sonora. Su muerte, en apariencia fortuita, ha encendido nuevamente las alarmas en torno a la cadena de asesinatos y muertes sospechosas de marinos y civiles vinculados a las aduanas y puertos estratégicos del país, en una red de huachicoleo fiscal operada por los sobrinos del exsecretario de Marina en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Del Ángel Zúñiga no era un nombre cualquiera: en 2023 dejó el control de la aduana de Manzanillo tras un acuerdo directo con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, y con Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y primo del ex chófer de López Obrador, Nicolás Mollinedo “Nico”. Su salida abrió paso al civil Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, proveniente de Matamoros, Tamaulipas, quien fue ejecutado semanas después de denunciar amenazas de muerte por un funcionario del puerto de Manzanillo.
Tamaulipas, la matriz del huachicol fiscal
Los hilos de este caso conducen a Tamaulipas. De ese estado salieron los funcionarios civiles que sustituyeron a marinos en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, una decisión tomada en mayo de 2023. El movimiento, criticado por mandos navales, coincidió con el fortalecimiento de una red de tráfico de combustibles ilegales dirigida por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante de la Marina, sobrinos políticos del almirante Ojeda.
De acuerdo con testimonios entregados a la FGR, esta red permitió el arribo de seis buques cargados con millones de litros de huachicol en Tampico, con descargas repetidas hasta 14 veces. A cambio, funcionarios navales y de aduanas recibían pagos de entre 100 mil y 300 mil pesos, sumando millones de pesos en sobornos. El negocio dejó un quebranto millonario a Pemex y se extendió no solo en Tamaulipas, sino también a puertos de Sonora, Baja California, Colima y Michoacán.
Una cadena de muertes incómodas
La muerte de Del Ángel Zúñiga se suma a una lista cada vez más larga:
- Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, civil llegado de Matamoros, asesinado en Manzanillo tras denunciar amenazas.
- Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán naval, hallado muerto en Altamira horas después de aparecer en la lista de oficiales sobornados por la red del huachicol.
- Fernando Rubén Guerrero Alcántar, contralmirante que denunció a los Farías, ejecutado en Colima en 2024.
- Magaly Janet Nava Ramos, agente de la FGR en Colima, asesinada con el mismo modus operandi semanas después.
- Carlos Narváez Romero, alto funcionario de aduanas y sobrino del director de Pemex, ejecutado en la Ciudad de México en 2024.
- Todas estas muertes comparten un patrón: ocurrieron tras denuncias, revelaciones o cambios de cargo en puertos estratégicos.
Una red con protección de alto nivel
Las investigaciones apuntan a que elementos de la propia Marina o sus allegados habrían participado como autores materiales en algunos de los asesinatos, un dato explosivo que la FGR ya incorporó en sus indagatorias.
Con la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías y la fuga de su hermano Fernando, la investigación alcanza de lleno a la cúpula naval del sexenio pasado. Las conexiones familiares con Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, colocan la trama en el corazón del poder.
La muerte de Adrián Omar del Ángel Zúñiga no puede entenderse como un accidente aislado: es la más reciente ficha en un rompecabezas de corrupción institucional y guerra interna que parece haber sido planeado desde Tamaulipas y desplegado en los principales puertos del país.
