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MensajearApatzingán, Mich., a 1 de febrero de 2026.— Documentos oficiales del Ayuntamiento de Apatzingán y registros publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán exhiben que altos funcionarios de la administración encabezada por la alcaldesa Fanny Arreola se ostentaron con títulos profesionales que no han acreditado, al mismo tiempo que firmaban y ejecutaban el despido de más de una treintena de trabajadores sindicalizados.
El caso involucra directamente al síndico municipal Francisco Aguilar Rodríguez y a la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Claudia Annel Mendoza Moreno, quienes utilizaron en documentos oficiales las denominaciones de “ingeniero” y “L.A.” (Licenciada en Administración), respectivamente, sin que hasta el momento exista constancia pública de cédulas profesionales que respalden dichos grados académicos.
La evidencia está en documentos oficiales
Fue la página de Facebook “Resistencia Civil Apatzingán” la que comenzó a difundir las irregularidades halladas por los propios trabajadores del Ayuntamiento que encabeza Fanny Arreola Pichardo. La irregularidad no surge de versiones extraoficiales ni de señalamientos aislados, se da en repetidas ocasiones y en múltiples casos. Uno de estos documentos es el acuerdo denominado “Modificación a la Plantilla de Personal del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024”, correspondiente a la Sesión Ordinaria número 04 del H. Ayuntamiento de Apatzingán, celebrada el 28 de octubre de 2024, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el síndico aparece formalmente identificado como “Ing. Francisco Aguilar Rodríguez, Síndico Municipal”. Se trata de un acto de Cabildo con plena validez institucional, lo que confirma que el uso del título profesional no fue un error tipográfico aislado, sino parte de la documentación oficial del gobierno municipal.
En el mismo periodo, Claudia Annel Mendoza Moreno, responsable del área de Recursos Humanos, firmó diversos documentos administrativos utilizando la abreviatura “L.A.”, con lo que se atribuía un grado académico que tampoco ha sido acreditado públicamente. Ambos casos quedaron asentados en papelería oficial que hoy es objeto de cuestionamiento ciudadano.
Tras ser exhibidos, eliminaron los títulos
Luego de que ciudadanos detectaran y difundieran estas irregularidades, se produjo un cambio inmediato en la forma en que ambos funcionarios suscriben documentos oficiales. El síndico y la jefa de Recursos Humanos dejaron de utilizar cualquier título profesional y actualmente firman únicamente como “C.” de ciudadano. Sin embargo, este ajuste no fue acompañado de explicación pública alguna, ni de la presentación de cédulas profesionales que aclararan la situación.
Hasta la publicación de esta nota, el gobierno municipal no ha informado por qué se utilizaron títulos profesionales en documentos oficiales, tampoco ha confirmado si existe una investigación interna sobre el caso, ni la alcaldesa Fanny Arreola ha emitido un posicionamiento para aclarar la irregularidad.
Los mismos funcionarios que firmaron despidos y encabezan ofensiva contra trabajadores
La polémica adquiere mayor gravedad porque los funcionarios hoy señalados por el uso indebido de títulos profesionales son los mismos que encabezaron y formalizaron el despido de más de 30 trabajadores sindicalizados, en medio del conflicto entre el Ayuntamiento y el Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio (SUESMA).
Trabajadores despedidos han denunciado que las bajas se realizaron sin procesos claros, acompañadas de actas administrativas y bajo un clima de hostigamiento, pese a que las movilizaciones sindicales documentadas fueron pacíficas.
De este modo, decisiones que afectaron derechos laborales y la estabilidad económica de decenas de familias fueron firmadas por funcionarios cuya credibilidad y legalidad hoy están en entredicho, lo que abre la puerta a cuestionamientos sobre la validez de los procedimientos administrativos aplicados.
La responsabilidad que alcanza a Fanny Arreola
Aunque los documentos llevan la firma del síndico municipal y de la jefa de Recursos Humanos, la responsabilidad institucional no se limita a ellos. Como presidenta municipal, Fanny Arreola encabeza la administración, avala la integración de su equipo de gobierno y es responsable de garantizar que los actos oficiales se apeguen a la legalidad. La omisión de aclarar el uso de títulos profesionales en documentos oficiales y de revisar los despidos ejecutados bajo esas firmas coloca a la alcaldesa en el centro de la controversia.
Alterar información falsa o no acreditada en documentos oficiales puede comprometer la legalidad de los actos administrativos, incluidos aquellos relacionados con materia laboral, y debilitar la confianza ciudadana en la autoridad municipal.
Posibles sanciones
El uso de títulos profesionales sin contar con respaldo académico no es una falta menor. En el ámbito del servicio público, esta conducta puede derivar en responsabilidades administrativas por faltas graves y, dependiendo de las circunstancias, en consecuencias penales.
Por ello, ciudadanos han comenzado a exigir la acreditación pública de los estudios de los funcionarios señalados, así como la revisión de los despidos y de los documentos firmados bajo títulos que hoy resultan cuestionados.
El silencio como respuesta
Hasta ahora, el gobierno de Apatzingán ha optado por el silencio. Los documentos siguen vigentes, los despidos no han sido revertidos y no se han ofrecido explicaciones claras. En Apatzingán, el problema ya no se limita a un conflicto laboral: se trata de una crisis de verdad, legalidad y responsabilidad política que sigue creciendo ante la falta de respuestas.
