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MensajearCiudad de México, a 1 de febrero de 2026.- En México, el agua no desapareció por la sequía: fue concentrada por el poder político. Una investigación basada en datos oficiales del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) exhibe que al menos 31 políticos y exfuncionarios de todos los partidos poseen concesiones vigentes por más de 6.2 millones de metros cúbicos de agua al año, volumen suficiente para llenar más de 2 500 albercas olímpicas cada doce meses. Mientras tanto, millones de ciudadanos enfrentan cortes, racionamientos y dependencia de pipas.
Los que hacen las leyes del agua, son dueños de ella
La raíz del escándalo es estructural. Quienes legislan, regulan y deciden sobre el uso del agua en México aparecen al mismo tiempo como beneficiarios directos del sistema de concesiones.
No se trata de un partido ni de una ideología: Morena, PRI, PAN, PVEM e independientes aparecen en el mismo padrón. El Estado se regula a sí mismo y se otorga permisos a su propia élite.
El mayor acaparador
El caso más contundente es el del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, militante del Partido Verde Ecologista de México, quien encabeza la lista con tres concesiones que suman aproximadamente 1.4 millones de metros cúbicos de agua al año, el volumen más alto registrado entre políticos en activo.
En términos prácticos, se trata de agua suficiente para abastecer a comunidades completas durante años, concentrada en manos de un solo actor político.
Poder judicial y poder hídrico
La concentración no se limita al Poder Legislativo. Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece con cuatro concesiones vigentes por más de 1.07 millones de metros cúbicos anuales. Registros históricos indican que, antes de asumir cargos de alto nivel, su entorno familiar llegó a acumular hasta 14 concesiones, lo que revela una práctica prolongada de acumulación del recurso incluso antes de la llamada “transformación”.
El agua del circulo presidencial
Otro nombre clave es el de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno federal anterior. Sus concesiones, principalmente en la península de Yucatán, lo colocan dentro del grupo de mayor volumen de agua concesionada a actores políticos, confirmando que el control del recurso alcanza los niveles más altos del poder ejecutivo.
Gobernadores, exgobernadores y el negocio del agua
La lista se amplía con gobernadores y exgobernadores que también figuran como concesionarios. Américo Villarreal Anaya, de Morena, aparece con siete concesiones que suman casi 382 mil metros cúbicos anuales. Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, exgobernador independiente de Nuevo León, mantiene concesiones por alrededor de 184 mil metros cúbicos.
Rutilio Escandón, también de Morena, registra volúmenes cercanos a los 200 mil metros cúbicos al año. A ellos se suman perfiles del PRI y del PAN con concesiones menores en volumen, pero igual de significativas en regiones con estrés hídrico severo.
Legislar sobre el agua… propia
La contradicción alcanza su punto más cínico cuando se revisan las votaciones. Diputados y senadores con concesiones de agua han participado directamente en la discusión y votación de reformas a la Ley de Aguas, decidiendo el futuro de un recurso del que ellos mismos son beneficiarios.
Algunos votaron a favor, otros en contra, pero ninguno se excusó por conflicto de interés. La ley del agua se discutió entre quienes ya tenían el agua asegurada.
Escasez para el pueblo, blindaje para el poder
Mientras colonias enteras sobreviven con suministro intermitente y comunidades rurales dependen de camiones cisterna, las concesiones políticas permanecen intactas, protegidas por el marco legal y por la inercia institucional.
No se cancelan, no se revisan y rara vez se transparentan a fondo. El discurso oficial habla de “crisis climática”, pero los datos revelan una crisis de concentración.
El riesgo real: ruptura social
El verdadero peligro no es administrativo, es social. Cuando una comunidad descubre que el agua que le falta está concesionada a un político o a su entorno, la ley pierde legitimidad. En ese punto, el conflicto deja de ser burocrático y se vuelve directo. Tomas de pozos, bloqueos, enfrentamientos y la entrada del crimen organizado al control del agua ya no son escenarios hipotéticos: son señales de un colapso en gestación.
México no enfrenta únicamente una crisis hídrica. Enfrenta una crisis de poder sobre el agua.
El recurso más básico para la vida fue convertido en botín político legalizado. Y cuando el Estado protege concesiones antes que personas, la ruptura deja de ser una posibilidad y se convierte en destino.
